EE UU y la UE se oponen a que Israel deporte a familiares de terroristas

Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa han amenazado con asesinar a los familiares de los dirigentes israelíes si el Gobierno de Ariel Sharon consuma el plan de deportar a Gaza desde Cisjordania a un grupo de padres y hermanos de los últimos suicidas palestinos. El anuncio de los radicales palestinos complica aún más la disputa descomunal que la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de derechos humanos mantienen contra Israel. Estados Unidos y la Unión Europea se oponen al plan anunciado por el primer ministro israelí, Ariel Sharon.

Nunca el clamor contra el Gobierno israelí de Ariel Sharon había sido tan unánime. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, luchan a brazo partido, junto con las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos, para impedir que el Ejecutivo israelí consume el plan de deportaciones contra los familiares de los suicidas palestinos, que se va a adoptar como represalia y advertencia a las organizaciones radicales.

La orden de deportación se dirige contra 21 familiares ( hermanos y padres) de los responsables de los dos últimos ataques contra el asentamiento de Emanuel y en una calle de Tel Aviv, que provocó un total de 12 muertos y cerca de medio centenar de heridos.

Las detenciones de estos palestinos, con edades comprendidas entre los 60 y los 21 años, se llevaron a cabo a finales de la semana pasada en los campos de refugiados de Nablús y en una aldea cercana de Tel, al tiempo que se dinamitaban sus casas.

La oposición cerrada contra la orden de deportación se basa en dos consideraciones: la primera es de orden jurídico-humanitario, ya que una orden de tal naturaleza supone una violación flagrante de la IV Convención de Ginebra, en la que se prohiben los castigos colectivos y la deportación o traslado de la población en los territorios ocupados. Pero además, la oposición surge de la certeza de que una medida de estas características no ayudará a solucionar al problema israelo-palestino; al contrario, va a crisparlo aún más.

La posición de la comunidad internacional y de las organizaciones de defensa de derechos humanos era ayer compartida por el fiscal general del Estado, el asesor legal del Ministerio de Defensa y otros representantes de instituciones judiciales, que advierten al Gobierno sobre una decisión de esta naturaleza, ya que contraviene las leyes internacionales humanitarias. Sin embargo, estas instituciones, de manera clara, apoyaban las deportaciones, si se prueba la implicación de los familiares en los actos terroristas cometidos por sus parientes.

En medio de la polémica, un abogado israelí, en nombre de los 21 familiares, presentaba ante el Tribunal Supremo de Jerusalén una demanda pidiendo la anulación de la medida.

El fiscal general del Estado, Elyakim Rubinstein, se ha pronunciado en contra de las deportaciones, recordando que los castigos colectivos están prohibidos por la Convención de Ginebra y que las sanciones deben de ser individualizadas, y después de conocerse y probarse la responsabilidad penal de los acusados.

La polémica es, sin embargo, engañosa. Israel ha adoptado en los dos últimos años numerosos castigos colectivos contra los civiles palestinos, sin importarle para nada las prohibiciones internacionales.

Pero además, en la misma línea, se han venido produciendo deportaciones en silencio de civiles palestinos, sin tener en cuenta su derecho a una defensa. Las últimas deportaciones conocidas fueron las de una treintena de supuestos terroristas, que se encontraban asediados en la basílica de la Natividad, en Belén, 13 de los cuales se encuentran en Europa; el resto, en Gaza.

El espectro de las deportaciones de los familiares de los suicidas palestinos ha puesto una vez más en pie a los sectores más radicales de la causa palestina, entre ellos, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, vinculadas al partido gubernamental, Al Fatah, que anunciaban su intención de atentar contra los familiares de los dirigentes israelíes si las deportaciones se consuman. 'Si ellos lo hacen golpearemos a los familiares de los responsables', aseguraba ayer un comunicado de las Brigadas emitido desde Yenín, al norte de Cisjordania.

Pero lo que es más grave, las deportaciones podrían dinamitar el proceso de dialogo que israelíes y palestinos iniciaron este fin de semana en Jerusalén, para tratar de mitigar los castigos colectivos impuestos a la población de Cisjordania.

Las negociaciones tratan de aliviar las sanciones económicas, suprimir el toque de queda y la situación de aislamiento en que se encuentran desde hace un mes cerca de dos millones de civiles palestinos. Las negociaciones, lideradas por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Simón Peres, y por el de Colectividades Locales palestino, Saeb Erekat, deben de continuar en los próximos días.