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El escrutinio oficial confirma la mayoría absoluta de Morales

Las primeras medidas anunciadas por el líder boliviano inquietan al sector empresarial

El presidente electo de Bolivia, Evo Morales, se reunió ayer con los cuadros de su partido, el Movimiento al Socialismo, y varias organizaciones sociales para perfilar su futuro Gabinete. El escrutinio oficial, aún no concluido, confirma la mayoría absoluta del dirigente indígena, que alcanza el 52,9% de los votos. Los primeros anuncios de Morales, entre ellos su intención de declarar ilegales los contratos con las petroleras, preocupan al sector empresarial y al político.

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Evo Morales y su equipo trabajan a marchas forzadas en los preparativos del nuevo Gobierno, que tomará posesión el 22 de enero. La confederación de campesinos, las cooperativas mineras y los representantes de las "micro y pequeñas" empresas pidieron en su día presencia ministerial. Para armonizar las demandas, cerca de 400 dirigentes de organizaciones sindicales y populares se reunieron ayer en Cochabamba con el futuro presidente y los cargos electos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Algunos de los anuncios de Morales preocupan al empresariado y a los inversores extranjeros. El primero ha sido la revisión de los acuerdos firmados con las petroleras, que califica de "ilegales". Para el MAS, la cláusula que permite a las empresas "adquirir el derecho de propiedad en boca de pozo" se contradice con la Constitución boliviana, que garantiza al Estado la propiedad de los hidrocarburos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha ratificado la legalidad de los contratos, que no ponen en duda la propiedad estatal de los yacimientos sino que regulan la privatización de la producción (que sale a la boca del pozo, de ahí la cláusula).

Con esta declaración, Morales deja claro que no piensa garantizar los derechos adquiridos a las multinacionales. Las petroleras, pendientes de llevar al arbitraje internacional la nueva ley de hidrocarburos aprobada en mayo, que modificó unilateralmente los contratos para imponer más cargas fiscales, se muestran prudentes. Mientras la española Repsol y la British Petroleum se dicen dispuestas a seguir en el país, la brasileña Petrobras mantendrá "congelados" sus proyectos de inversión. Total no se ha pronunciado, pero el Gobierno francés dijo ayer que "tomaba nota" de las declaraciones de Morales y le pidió que garantice "la estabilidad jurídica para las empresas extranjeras".

Otra mala señal

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Otra mala señal para la inversión exterior, según los analistas, es el anuncio del desmantelamiento de las Superintendencias, los organismos reguladores de los sectores y servicios privatizados en los últimos años, como las telecomunicaciones o la electricidad. Creadas a partir de 1995 con la ayuda de la cooperación internacional, las Superintendencias tienen perfil técnico y funcionan al margen del Gobierno. Morales las ha acusado de ser "parásitos de las empresas" y pretende sustituirlas por "comisiones económicas y sociales", con participación gubernamental.

Y para agudizar la incertidumbre, ayer quedó suspendida la licitación de la mina de hierro del Mutún, un gigantesco yacimiento ubicado en el departamento de Santa Cruz, en la frontera con Brasil. Cinco compañías extranjeras competían por el contrato. Según algunas fuentes, el Gobierno saliente recibió presiones del MAS para que dejara en sus manos el proceso, con el fin de adjudicarlo a la empresa estatal Comibol. La decisión ha levantado ronchas en Santa Cruz, porque la inversión extranjera en el Mutún iba a tener importantes efectos en la economía de la región.

Quien sí está desbordado por el optimismo es el presidente venezolano, Hugo Chávez, mentor de Evo Morales, al que ha dirigido una carta en la que asegura que ahora empieza "la definitiva batalla por la dignidad", "el tiempo de refundación en Bolivia" y "un nuevo comienzo de la historia".

Varios bolivianos esperaban ayer un autobús que les llevara a El Alto en medio de la huelga de transporte público.
Varios bolivianos esperaban ayer un autobús que les llevara a El Alto en medio de la huelga de transporte público.EFE

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