Límites para Bush
El presidente Bush se equivocó de plano si creyó que su defensa televisada, el sábado, de las escuchas extrajudiciales a ciudadanos estadounidenses tras el 11-S iba a zanjar el escándalo. Por el contrario, ha aumentado la indignación por esta violación de la intimidad por parte de los servicios secretos y por órdenes directas de Bush, como él reconoció.
Congresistas demócratas y republicanos han manifestado su grave malestar con los intentos de la Casa Blanca para justificar esta vigilancia, que consideran claramente ilegal, y han solicitado una investigación parlamentaria. Cuando surgieron las primeras indicaciones de que se había producido un control muy extenso, cuando no masivo, de las comunicaciones privadas tras el 11-S, la reacción del Gobierno fue, como viene sucediendo, una huida hacia delante, reconociendo unos hechos previa justificación de los mismos por motivos de seguridad nacional. Todo indica que la Casa Blanca mantendrá esta estrategia, ya que rechaza cualquier investigación por la importancia para la seguridad nacional de la información que podría ser utilizada.
Está meridianamente claro que controlar las comunicaciones de un ciudadano de Estados Unidos en el interior del país sin autorización judicial previa es ilegal, según una ley de 1978. Esta disposición ha podido ser violada en innumerables ocasiones por las órdenes dadas por Bush sobre control de teléfonos y correo electrónico a ciudadanos sospechosos de tener vínculos con el terrorismo islámico, independientemente de su nacionalidad.
El líder demócrata Howard Dean, que ha denunciado los hechos como "abuso de poder", cree que EE UU necesita un presidente que garantice su seguridad, no un Gran Hermano. En la Casa Blanca parecen haber comenzado a calibrar la gravedad del problema y su difícil defensa. Se deja de insistir en la legalidad de la medida para destacar, como hizo ayer el vicepresidente Cheney, el amplio respaldo que suscita este tipo de medidas entre la ciudadanía. Sea o no cierto este extremo, resulta muy grave y quizá definitorio que Bush quiera protegerse con maniobras populistas ante lo que emerge como una transgresión de los límites, una violación de las leyes federales; o, dicho de otro modo, como un probable delito.
