Ecuador: el mismo idioma no es suficiente
Regreso de Ecuador. Como me sucedió hace algunos meses al volver de Bolivia y hace unas semanas al término de una breve estadía en Buenos Aires, resulta difícil exponer lo que uno cree haber entendido. El idioma puede ser el mismo, pero a veces parece que necesita traducción. Nos enfrentamos a situaciones llenas de contradicciones e intuimos que las palabras no dicen lo mismo allá o aquí. No es suficiente narrar; hay que construir una explicación transmisible a los lectores y no confiar en la falsa neutralidad de las palabras.
Solamente me atrevo a escribir sobre un país latinoamericano cuando he podido apreciar la situación in situ. Y, antes que juzgarla, procuro entenderla. Sin dejarse confundir por nuestros conceptos supuestamente universales. Los usos de palabras como democracia, constitución, nacionalidad, pluralismo o consenso no sirven igual en un lugar u otro, y su significado dependerá en gran parte del lugar desde donde se dicen.
El Estado de las autonomías de España no puede copiarse en otro país
La derecha denuncia la voluntad socializadora del plan constitucional
En este tipo de situaciones con fuertes dimensiones pasionales, uno tiene tentaciones de distanciarse críticamente de unos procesos que aparecen caóticos, y, desde nuestro pedestal civilizado, dar lecciones de cómo hacer bien las cosas. O, por el contrario, la emoción que suscita la movilización esperanzada de un pueblo puede incitar a sumarse al entusiasmo que el verbo tribunicio del presidente Correa genera tanto entre la mayoría de su pueblo como en la izquierda latinoamericana. Pero estuve en Ecuador con gentes diversas -políticos e investigadores, diplomáticos y opositores, amigos confiables y desconocidos amables-, y todos me transmitieron informaciones y reflexiones que en general me parecieron pertinentes, aunque no coincidentes. No puedo suscribir los juicios reticentes y prejuiciosos muy comunes en los medios europeos, pero tampoco "querer sin presentir", como dice el tango, los complicados problemas y peligros del actual proceso ecuatoriano. Intentemos, pues, entender lo que dicen o no dicen las palabras y su relación con los hechos.
Las palabras no dicen lo que parece -o nos puede parecer a nosotros-. El proceso "constituyente" no tiene como objetivo principal hacer una Constitución consensuada. Es más un proceso destinado a implementar nuevas políticas públicas y organizar la vida política mediante el reforzamiento del Estado, y ello sin poder contar inicialmente con unos partidos muy débiles y desprestigiados. En ese proceso, se aprobará una Constitución lo antes posible y se ratificará mediante un referéndum-plebiscito a favor de un presidente que dispone de un amplio apoyo popular.
El apoyo de los movimientos sociales a Correa es contradictorio. Su política, contraria al neoliberalismo exacerbado que ha empobrecido a la mayoría de la población, es vista con simpatía, pero es más "desarrollista" que ambientalista.
El presidente, rígidamente católico, no quiere oír hablar del aborto, y sus relaciones con los movimientos de mujeres son conflictivas. Se ha substituido la "descentralización" por la "regionalización", pero ésta por parte del Gobierno es considerada como un reforzamiento del Estado, una estructura extraordinariamente débil, y se da primacía al poder central. Se reconoce la "plurinacionalidad" del Estado, pero no el "autogobierno" de los pueblos indígenas, por lo menos en lo que se refiere al control de los recursos naturales de sus tierras.
Lógicamente, los sectores opositores, especialmente la derecha económica, defienden la recién descubierta "autonomía" de territorios más chicos, las 25 provincias, en los que impera aún un fuerte poder caciquil. Unos y otros interpretan el modelo español a su conveniencia. Probablemente es un conflicto que se agravará, que nadie podrá ganar, pero que sí pueden perder todos.
Se critica al omnipresente presidente su "estilo político", el autoritarismo personalizado y su escaso respeto al pluralismo. Pero lo que más preocupa a los opositores son sus supuestas intenciones socio-económicas. Correa mantiene unos altos porcentajes de apoyo popular, entre el 60% y el 70%. Viaja permanentemente por todo el país. Sus intervenciones radiales de los sábados son escuchadas por millones de personas.
El presidencialismo deriva fácilmente en caudillismo, más aún si faltan estructuras políticas intermedias. Correa, su movimiento (Acuerdo País) y su Gobierno son todo uno. Pero en privado y también mediante campañas de prensa, la derecha económica denuncia apocalípticamente la voluntad socializadora del proyecto constitucional: la función social de la propiedad (artículo idéntico al de la Constitución española) y la prohibición de privatizar o entregar en concesión los servicios públicos (universales).
Correa cuenta con el apoyo de la opinión pública en estos temas. Según una encuesta de finales del 2007, el 68% es favorable a estatizar los recursos naturales (petróleo, especialmente), el 50% está de acuerdo en prohibir la gestión privada de los servicios públicos (sólo el 25% la acepta), el 60% está a favor de redistribuir la propiedad de la tierra y el 45% se declara partidario de establecer el "socialismo del siglo XXI" (y el 22% está en contra).
Un obstáculo para entender situaciones como la del Ecuador es el uso de un concepto passepartout y prejuicioso: el "populismo". Se aplica a la derecha y a la izquierda. A movimientos estructurados y altamente ideologizados (Liga del Norte), y a líderes televisivos charlatanes y demagógicos que se dirigen a individuos anónimos (Berlusconi). En unos casos, se refiere a dirigencias políticas que se apoyan en movimientos de base popular (el peronismo), y en otros, a partidos-Estado (como fue el PRI mexicano). Se ha utilizado a la vez para calificar gobiernos dictatoriales y para otros que hacen de los derechos humanos una de sus razones de ser (como el actual Gobierno argentino).
En cuanto a la actual presidencia del Ecuador, no ha destruido el sistema de partidos, sino que ha nacido sobre los escombros de éste. En esta etapa reconstructora, el presidente ecuatoriano difícilmente puede evitar establecer una relación directa y personalizada con la ciudadanía. La insistencia en utilizar precisamente este término (poder ciudadano, revolución ciudadana) corresponde a la cultura democrática de matriz liberal (sujetos de derecho libres e iguales).
En un país con más del 50% de la población por debajo del dintel de pobreza, arruinado por la crisis de los noventa que desembocó en la dolarización de la economía, ¿es "populismo" aumentar el salario mínimo, establecer un control sobre los precios de los bienes de consumo básicos, subvencionar algunos productos básicos y distribuir un bono de pobreza?
El presidente Correa a veces puede resultar irritante por su tendencia a la confrontación permanente, incluso con sectores o personalidades próximas. Por ejemplo, el ataque público a la Alcaldía de Quito, dirigida por un general "héroe de la nación", de izquierdas y que le votó, sobre el proyecto de aeropuerto. Pero aún resulta más irritante la actitud de distinguidos investigadores académicos, obsesionados por encontrar rasgos del pecado populista en el actual Gobierno y poder así denunciarlo en artículos escritos en inglés destinados a revistas universitarias norteamericanas. Mucho más razonable, el embajador de España se mostraba satisfecho de las excelentes relaciones entre nuestros países, consideraba que la presidencia de Rafael Correa no tiene alternativa y ha devuelto la autoestima al pueblo ecuatoriano, y que el país está emergiendo de la sima en la que había caído.
Pocas horas antes de regresar, tuve una larga conversación sobre el tema más delicado, la "regionalización", con el subsecretario responsable de la "Reforma democrática del Estado". Me pareció muy consciente de los peligros que comporta; Bolivia está cerca. Sólo pude sugerirle algo tan elemental como esto: no hay modelo transferible de un país a otro. El Estado de las autonomías de España no puede copiarse en Ecuador.
Jordi Borja es profesor de la UOC.
