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La empresa química Sniace plantea despedir a toda su plantilla

La compañía cántabra tuvo unas pérdidas de 41,1 millones de euros en el primer semestre El nuevo impuesto del gas y las tasas ambientales ahogan a la compañía

Cristina Delgado

El grupo industrial Sniace, con sede en Cantabria, ya advirtió en sus cuentas del primer trimestre de que la introducción de un impuesto al gas natural y otras tasas medioambientales la estaban abocando al desastre. La empresa química y papelera confirmó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el peor de los panoramas: se plantea aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 533 trabajadores, toda la plantilla, y echar el cierre si no logra una salida, para lo que ha pedido la colaboración del Gobierno y la Administración cántabra. La compañía, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de junio, perdió el primer semestre 41,1 millones de euros, frente a los 5,7 millones de un año antes. Sniace justifica que tratarán de evitar parte de los despidos, pero, de momento, no descartan tener que echar el cierre.

Ni siquiera la diversificación entre la producción de celulosa, energía y biocombustible, ha logrado sostener a Sniace. La empresa lleva meses dando avisos sobre su precaria situación. El 26 de junio, tras varios ERE de suspensión temporal, Sniace se dirigió a la CNMV, esta vez para comunicar que se acogía al 5 BIS, es decir, el preconcurso de acreedores. Garantizaba así a su matriz y las filiales Viscocel y Celltech tres meses de margen para refinanciar sus deudas. Pero la compañía sigue sin ver clara la solución a sus problemas, y ha abierto un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para la extinción de todos los contratos de trabajo. “Es una solicitud de máximos. Intentaremos que al final el ERE no sea para todos. Tenemos un mes y medio para tratar de evitarlo”, explicaron fuentes de la compañía. En manos del Gobierno cántabro y del Ejecutivo central, añadió la empresa, puede estar la solución. “No pedimos favores, pero sí hay algunas dobles imposiciones que se deberían solucionar porque son injustas”, pidieron.

La facturación de Sniace ascendió entre enero y junio a 38 millones de euros, un 47% por debajo de un año antes. En sus cuentas semestrales, la firma explicó cómo ha llegado a su precaria situación: ante la tasa al gas natural que el Ejecutivo aprobó en su ley de sostenibilidad energética a finales de 2012, decidieron suspender la producción de vapor y electricidad en una de sus turbinas de cogeneración, ya que calcularon que este nuevo tributo tendría en sus cuentas un impacto negativo de 9 millones de euros. El parón de la turbina redujo a la mitad su negocio en el área de energía. Y a partir de ahí, se ha producido una reacción en cadena: al parar una turbina, se paralizó la actividad de producción de fibra viscosa, otra de las principales divisiones de la firma. Y a su vez, la producción de celulosa (que se utiliza para abastecer a la fábrica de fibra viscosa) descendió cerca del 40%. A todo lo anterior, se suma este semestre el pago de tributos medioambientales tras perder tres litigios, que le han obligado a provisionar más de 16 millones de euros. Y por último, los cambios proyectados en la reforma eléctrica, que también obligan a la empresa a reducir su fondo de comercio, ya que tienen una planta de cogeneración que verá reducida su rentabilidad, por lo que han cargado a la cuenta de pérdidas otros 8,6 millones.

El secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla, señaló a Europa Press que, aunque Sniace califica este ERE como "preventivo", lo cierto es que si el Ejecutivo regional, del Partido Popular, "no lleva a la práctica" los beneficios, se presentará "un situación complicada". Y es que, según Portilla, la negociación de este ERE puede darse en dos sentidos. La "posibilidad menos sangrante" para los trabajadores sería que el Gobierno pusiese en marcha las medidas y sólo hubiese que negociar las 100 jubilaciones previstas, ha explicado. "Si esta tendencia y bucle complicado de cruce de declaraciones entre la empresa y el presidente no se arregla antes de septiembre, lo que entrará en marcha es el despido total de la plantilla", ha lamentado. Al mismo tiempo, ha reclamado que "el Gobierno deje su discurso y materialice los compromisos de una vez".

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Sobre la firma

Cristina Delgado
Es subdirectora y se encarga de la edición digital de EL PAÍS. Antes fue redactora jefa de Economía, sección en la que se incorporó al periódico, en 2008. Licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, ha realizado el máster UAM-ELPAIS y posgrados de información económica y gestión.

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