Bolivia nombra un nuevo Procurador para afrontar las demandas por las nacionalizaciones
El presidente de Bolivia, Evo Morales, designó hoy a Héctor Arce como el nuevo Procurador General del Estado para afrontar las demandas de arbitraje de las empresas trasnacionales cuyas filiales han sido expropiadas.
Morales tomó juramento a Arce en el Palacio de Gobierno en un acto en el que también se oficializó la renuncia al cargo, por "razones de índole personal", de Hugo Montero, que organizó y dirigió la Procuraduría desde febrero de 2011.
Arce es uno de los principales asesores jurídicos de Morales, fue presidente de la Cámara de Diputados y también ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales (nacionalizaciones), cartera que fue eliminada con la creación de la Procuraduría.
En su discurso, el gobernante destacó que la existencia de esta institución está destinada a defender los intereses y el patrimonio del Estado, ya que en su momento Bolivia era el único país de la región sin una Procuraduría.
"Que sepan las empresas trasnacionales, las empresas nacionales y extranjeras que quieran, que han intentado, que intentan llevar procesos contra el Estado, que aquí van a encontrar la más fuerte defensa de los intereses de una sociedad", dijo Arce.
En diciembre pasado, había varias multinacionales que mantenían demandas en tribunales de arbitraje contra Bolivia en las que reclamaban indemnizaciones por un total de 1.870 millones de dólares, según un informe difundido entonces por la Procuraduría.
La empresa española Abertis mantiene una demanda contra Bolivia debido a la nacionalización de sus operaciones por el Gobierno de La Paz, mientras Iberdrola y Red Eléctrica también han comunicado sus reclamaciones.
Abertis demanda una compensación de 86 millones de dólares por la expropiación de su subsidiaria Sabsa, que estaba a cargo de la gestión de los tres principales aeropuertos de Bolivia, según el informe publicado en diciembre por la Procuraduría.
Según ese mismo documento, Iberdrola y Red Eléctrica, cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas en 2012, notificaron al país sobre sus controversias, pero el Gobierno de Morales está en "una etapa de acercamiento" a estas compañías.
Este mismo año, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha dictaminado que Bolivia debe pagar una compensación a la empresa británica Rurelec por la nacionalización del 50 % que poseía en la eléctrica Guaracachi.
Según Rurelec, el pago debe ser de 41 millones de dólares, mientras que Bolivia ha anunciado que recurrirá y sostiene que la cifra definida en el laudo es sólo de 28 millones de dólares.
Otra empresa que tiene una demanda contra Bolivia es la petrolera anglo-argentina Pan American Energy (PAE) por la nacionalización de una filial.
Desde 2006, Morales ha nacionalizado una veintena de compañías de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, minería, gestión de aeropuertos y producción de cemento de inversores europeos, estadounidenses, latinoamericanos e incluso bolivianos.
