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Tribuna
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Elecciones en México: ¿fin de un ciclo?

El PRI afrontará el desafío de demostrar que hoy es política y moralmente diferente

Dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden: se explican. Y se explican en muy buena medida por los costos que suponen para el partido en el poder, justo lo que parece estarle ocurriendo al Partido Acción Nacional (PAN), la formación que ha gobernado México durante estos años, y que está contra las cuerdas de cara a las presidenciales del próximo 1 de julio.

Para tratar de entender el fenómeno, muchos observadores de la política mexicana se preguntan por qué un partido de innegable tradición democrática como el PAN, que logró una alternancia histórica tras la prolongada hegemonía del PRI en el siglo XXI, puede ser tan rápidamente relevado por el mismo partido al que destronó apenas 12 años atrás. La hipótesis más obvia es que el PRI ha realizado una campaña profesional con un candidato muy efectivo, el PAN ha cometido innumerables errores y su gobierno muestra desgaste, y la vieja izquierda ha contribuido a atomizar el voto anti-PRI. Pero las razones de fondo son más complejas.

Lo primero que sobresale es que, a los ojos de una ciudadanía frágil como la mexicana, la llegada a la democracia no produjo los bienes públicos que se esperaron, sino más bien un desencanto que se asocia a un voto de castigo contra el partido que ayudó a hacerla posible. El Latinobarómetro más reciente muestra que mientras la media de apoyo a la democracia en América Latina es de 61%, en México es de 49%, uno de los tres porcentajes más bajos en la región, y en el Democracy Index, que mide la calidad de la democracia en 167 países, México aparece en el lugar número 50, calificado como una “democracia deficiente”.

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Desde luego que las causas de ese resultado son varias. Una es que la sociedad albergó esperanzas inalcanzables, en particular porque las expectativas creadas por la alternancia del 2000 fueron elevadísimas, y le pidió a la democracia el éxito, el crecimiento y el bienestar que no dependen directamente del voto sino de regulaciones e instituciones eficaces, políticas públicas creativas, reformas estructurales y de segunda generación o circunstancias internacionales favorables.

La primera presidencia panista (2000-2006), en ese sentido, no supo o no quiso invertir su enorme capital político y transformarse, es decir, dejar de ser oposición, volverse gobierno y responder, al menos en parte, a lo que no solo sus votantes sino también quienes, sin preferir esa opción partidista, esperaban de la nueva administración.

Es verdad que, como escribió Gideon Lichfield, entonces corresponsal de The Economist, el problema para el PAN fue que la atipicidad del régimen priista le dejó poco margen para hacer grandes reformas: “México tuvo su perestroika durante los años noventa. Cuando el PRI perdió finalmente el poder, ya había cambiado al país hasta dejarlo irreconocible, realizando reformas que la mayoría de los países del antiguo bloque comunista aún no han efectuado (…). Hay bastante por hacer. El problema es que mucho de lo que hay no es visible, ni dramático, ni rápido de ejecutar. La parte más gruesa ya (había sido) realizada por el PRI”.

La media de apoyo a la democracia en América Latina es de 61%, en México el 49%

De hecho, el relativo fracaso de la presidencia de Vicente Fox tuvo su expresión más evidente en el estrecho margen (0.56%) con que el siguiente candidato panista, Felipe Calderón, venció en 2006 a Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática y hoy, nuevamente, aspirante de la izquierda mexicana.

Una segunda razón es que la falta de crecimiento económico, la profundización de la inequidad y la delicada situación nacional en materia de inseguridad y violencia, han agudizado la percepción de que el país va mal. Una encuesta de abril de este año, por ejemplo, reveló que el 78% de los mexicanos piensa que la situación política, económica y de seguridad es peor que antes, un sentimiento que no corresponde del todo a los hechos pero que en una campaña electoral es letal.

No hay duda de que el gobierno panista ha sido muy prudente al mantener la estabilidad macroeconómica del país: las finanzas públicas son equilibradas, el nivel de reservas es el más alto en la historia (116.000 millones de euros), y la inflación, los tipos de interés y el déficit están bajo estricto control. Pero México no crece: la economía lleva 10 años con una tasa anual menor al 2%, el ritmo de generación de empleos formales, que anda por los 400.000 cada año, es sumamente lento frente al millón de nuevos puestos de trabajo que se necesitan, y la inequidad es palpable: mientras que la distancia media del ingreso entre el más rico y el más pobre en los países de la OCDE es de 9 veces en México es de 26.

Todos esos indicadores negativos, a pesar de que la aprobación a la gestión del presidente Calderón está en el 52%, han sido facturados naturalmente a la cuenta de las administraciones del PAN.

El PRI, por su parte, aprovechó en todos estos años la inexperiencia de gobierno y la falta de vocación de poder del PAN, no solo para recuperar terreno electoral en el país, gobernar en dos tercios del territorio y ocupar la mayoría en la Cámara de Diputados, sino sobre todo para regular o decidir, en la práctica, los principales componentes de la agenda política y galvanizar, sin mella alguna, su cohesión interna, atraído por el formidable incentivo de regresar a la presidencia mexicana.

Lo único que el PRI necesitaba era un candidato estratégico, que no repitiera el desastroso patrón de las elecciones de 2006

Parte del resurgimiento se explica además porque el PRI se ha conducido con un pragmatismo puro y duro. Por un lado, aprovechó un marco jurídico, institucional y político que en esencia es el mismo que cuando gobernaba y vio plácidamente cómo se desmoronaban las presidencias panistas y dejaban un vacío, en especial a escala regional, que fue directamente ocupado por los liderazgos priistas. Y, por otro, permitió que sus distintas corrientes, antes administradas por un presidente fuerte y ahora dispersas entre los liderazgos territoriales, navegaran entre políticas, acciones y programas heterogéneos e incluso opuestos entre sí, pero que aseguraban el equilibrio interno.

Esta ambigüedad, consustancial al código genético del PRI, más que un problema fue una virtud: le permitió acomodarse a la coyuntura, evitar fracturas internas, agradar a porciones diversas del electorado y disolver las antiguas contradicciones de los años noventa. Debidamente ensambladas todas esas variables, lo único que el PRI necesitaba era un candidato estratégico, que no repitiera el desastroso patrón con que compitió en las elecciones de 2006 y lo confinó al tercer lugar, y lo encontró en el gobernador del Estado más importante del país, después de la ciudad de México, y de una generación distinta.

Finalmente, desde un punto de vista sociológico ¿qué lleva a una porción mayoritaria del electorado mexicano a votar de nuevo por una formación tan polémica? De una parte, el hecho de que, más que un partido, el PRI ha sido un modo de hacer política y ese modo conecta mejor con lo que el ciudadano supone que es una formación más experimentada para manejar los problemas actuales del país, en especial el de la inseguridad pública. Y, de otra, como presagió en 2000 Enrique Krauze cuando ocurrió la primera victoria del PAN: “un liderazgo nuevo e imaginativo puede descubrir la inmensa oportunidad que (el PRI) tiene enfrente: pagada la cuota de la derrota (y habida cuenta de que su balance histórico no es, ni remotamente, tan negro como el de sus remotos homólogos en la era comunista), la posibilidad de la alternancia operaría desde ahora a su favor”.

Eso es, justamente, lo que podría ocurrir y entonces el PRI afrontará un desafío central. Demostrar que quienes hoy lo personifican son política y moralmente diferentes; que cuentan con las credenciales adecuadas como para hacer un gobierno competente y eficaz, y que estarán en condiciones de ejecutar un programa de gobierno concreto, creíble y viable que permita alcanzar grandes objetivos a corto plazo.

Otto Granados es director del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey.

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