El estado de sitio supone la suspensión de las garantías constitucionales

AGENCIAS / ELPAÍS.es Madrid 20 DIC 2001 - 00:00 CET

El artículo 23 de la Constitución argentina autoriza a que se declare el estado de sitio en caso de conmoción interior, que ponga en peligro a la Carta Magna o el mantenimiento de las autoridades creadas por ella, o en caso de un ataque exterior. La autoridad a la que corresponde declararlo es, en primer lugar, al Senado, mientras que el presidente sólo puede hacerlo cuando aquél está en receso.

El estado de sitio implica la suspensión de las garantías constitucionales, autoriza a la posibilidad de arrestar a una persona y existe también, de ordinario, la práctica de suspender otras garantías como el derecho de reunión, la libertad de circulación a determinadas horas y puede haber limitaciones a la libertad de expresión.

Durante esa suspensión, no podrá el presidente de la República condenar ni aplicar penas ya que, su poder respecto de las personas, se limitará a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Las razones políticas que impulsan a declarar el estado de sitio, no pueden ser controladas judicialmente. Esa declaración es siempre constitucional. Sin embargo, los jueces están habilitados para verificar, en cada caso concreto, si las limitaciones impuestas a las libertades constitucionales son razonables. Si carecen de razonabilidad, o si importan una negación absoluta de la libertad, los jueces pueden declarar la invalidez, no del estado de sitio, sino de los actos que en su consecuencia emita el Poder Ejecutivo.

El artículo 23 de la Constitución, que es el que faculta la disposición del estado de sitio, dice, textualmente, lo siguiente: "En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ellas, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino."

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