El Congreso argentino debate las nuevas medidas económicas de Duhalde
Las diferencias entre los peronistas habían retrasado la sesión
El Congreso argentino ha retomado esta tarde la sesión en la que debe debatirse el proyecto de Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario. El origen del aplazamiento ha estado, una vez más, en las diferencias que existen entre los distintos líderes peronistas.
El principal problema está en que el nuevo presidente, el justicialista Eduardo Duhalde, no cuenta con el apoyo de las distintas facciones de su partido. Entre sus principales detractores se encuentra el ex presidente Carlos Menem.
Entre los temas en los que se ha tardado más de lo previsto en encontrar el consenso se encuentra la petición de Eduardo Duhalde de obtener poderes especiales para fijar por decreto un nuevo tipo de cambio para el peso, controlar los precios, modificar los contratos de concesión con las empresas privatizadas de servicios públicos y reestructurar "según considere convenientes" las deudas del sistema financiero.
Paradójicamente, los radicales del UCR y otro de los principales partidos de la oposición, el Frepaso, han respaldado desde el principio, al menos en líneas generales, las medidas de Duhalde, aunque han conseguido que se maticen algunos puntos del plan elaborado por el nuevo ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov.
De todos modos, si finalmente el Congreso retrasa la aprobación del plan económico, las medidas podrían aprobarse por "decretos de necesidad y urgencia", según ha asegurado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Antes de que se conociera este retraso en la reunión de la Cámara de Diputados, Duhalde ha comparecido ante las cámaras de la cadena de televisión brasileña O Globo y ha asegurado que que la situación económica y financiera de su país puede estar estabilizada en un plazo de "dos o tres meses".
Según el presidente peronista, las medidas económicas que propone su Gobierno han sido elaboradas "por un grupo de técnicos muy buenos". Aunque parece que este nuevo plan destinado a paliar la crisis que vive Argentina no convence a algunos de sus compañeros de partido que, al mismo tiempo, son sus rivales políticos.
Duhalde confirma la devaluación
Horas antes, Duhalde había confirmado lo que ya estaba en boca de todos desde hace un par de días: el nuevo Gobierno tiene la intención de devaluar el peso y romper de este modo la paridad con el dólar que persiste desde hace casi 11 años.
Para evitar un aumento de la inflación como el que ha empezado ha producirse antes de que la devaluación sea aprobada por el poder legislativo, el Ejecutivo argentino tiene previsto fijar precios máximos para algunos productos como las medicinas o los combustibles.
El plan de Duhalde pasa también por proteger la industria local en detrimento de la extranjera, aunque, según él, "nadie piensa en el viejo proteccionismo, pero sí en ayudar a recuperar el trabajo de los argentinos".
De todos modos, y aunque ya se conocen las líneas generales del plan económico que pretende aprobar el nuevo presidente, Duhalde no ha querido anunciar públicamente las medidas que tomará su Gobierno hasta que estas no sean aprobadas por el Legislativo.
Además, es de esperar que el presidente trate de consensuar su política económica con el resto de los líderes justicialistas, algo que no parece tarea fácil y que ya ha conseguido retrasar el debate del Congreso.
El plan de Duhalde
Los puntos principales del proyecto de ley de medidas económicas que trascendieron ayer, y que este fin de semana presentará el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, son los siguientes:
- Tipo de cambio: El dólar pasará a valer 1,35 pesos. Esto implica una devaluación del 25,9%, que comenzará a regir efectivamente hasta el miércoles próximo, cuando reanude las actividades el mercado cambiario. La modificación de la Ley de Convertibilidad implicará la creación de dos tipos de cambio:
1) Fijo, a 1,35 pesos por dólar, que regulará el comercio exterior.
2) Flotante, según la oferta o la demanda, que se destinará a las operaciones turísticas y del sector financiero. Sólo se emitirá moneda con respaldo del Banco Central.
- Créditos: Se convertirán a pesos todos los créditos concedidos en dólares hasta un monto de 100.000 dólares. Esto afecta al 92% de los deudores en divisa estadounidense. El Gobierno baraja la posibilidad de pesificar las deudas a un tipo de cambio de 1 dólar a 1,35 pesos. Se compensaría con una drástica rebaja de los intereses, que no podrían superar el 4%.
- Contratos: Los alquileres y contratos civiles se pesificarán por 180 días y en este plazo deberán ser renegociados.
- Depósitos: Los ahorros depositados en los bancos se devolverán en la moneda de origen (dólares o pesos).
- Corralito: Se mantienen las restricciones. El proyecto de Duhalde no menciona plazos para disponer de los depósitos congelados, que oscilarían entre seis meses y dos años, según los montos.
- Servicios públicos: Las tarifas de los servicios públicos privatizados se convertirán a pesos. No aumentarán y comenzarán negociaciones con las empresas afectadas.
- Precios: El Gobierno podrá fijar precios máximos para productos de primera necesidad y monopólicos, como medicinas y combustibles, y negociará con los supermercados la estabilidad de precios.
- Exportaciones: Se eliminará el tipo de cambio que regía para el comercio exterior, conocido como factor de empalme, que fijaba el promedio entre el dólar y el euro, y desaparecerá la subvención a las exportaciones, ya que éstas se beneficiarán con la devaluación. Las exportaciones de combustible tendrán una retención de hasta el 25%.
- FMI: Cuando la economía comience a normalizarse, el Gobierno buscará ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos financieros multilaterales. Una cifra estimativa del apoyo global que pedirá Argentina es de 15.000 millones de dólares.
- Presupuesto: El presupuesto del año 2002 respetará el equilibrio fiscal e incluirá una pauta de gastos de 38.000 millones de pesos. También establecerá la política monetaria anual.
- Bonos: La emisión de bonos Lecop (Letras de cancelación de obligaciones provinciales) aumentará de 1.300 millones a 3.500 millones de pesos y se utilizarán para abonar jubilaciones y salarios públicos.
