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PERÚ

Casi 300.000 personas fueron esterilizadas sin saberlo durante el Gobierno de Fujimori

El Ministerio de Salud denuncia los métodos practicados para controlar la natalidad entre la población más pobre del país andino

Esterilizaciones forzosas o a cambio de comida. Esto es lo que denunció ayer el ministro de Salud peruano, Fernando Carbone, en un informe, en el cual se señala que cerca de 283.500 peruanos fueron esterilizados sin saberlo, o a cambio de dinero o comida, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1996 y 2000.

Según la presentación del informe final de la comisión sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), durante el mandato de Fujimori se llevó a cabo una campaña de esterilizaciones forzosas, sobre todo a mujeres, en las zonas más deprimidas del país andino. El programa establecía metas numéricas de intervenciones de esterilización, cuotas que se debían de cumplir por regiones. Las operaciones eran practicadas sin que los pacientes recibieran información sobre las consecuencias o su carácter irreversible.

A menudo, las víctimas eran presionadas para operarse, ofreciéndolas compensaciones monetarias o de alimentos. En ocasiones los médicos aprovechaban que las personas requerían de intervenciones quirúrgicas para otras enfermedades para esterilizarlas, frecuentemente en condiciones médicas insalubres. Varias mujeres murieron durante las operaciones.

Genocidio

Si se probase que estas acusaciones son ciertas, tanto Fujimori como los ministros de Salud de la época, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco y Eduardo Jhon Motta, podrían ser acusados por un delito de genocidio.El ministro denunció la semana pasada que cuenta con documentos escritos por Fujimori en los que ordena esta práctica.

Según el texto de la denuncia, durante el Gobierno de Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre de 2000, "se produjeron numerosas intervenciones que atentaron contra la maternidad de las mujeres pobres de Perú, que incluyó daños a la dignidad e integridad física, psicológica y moral, tanto de mujeres como de varones de diversas regiones como parte de una inadecuada política de Planificación Familiar".

Para elaborar el informe se realizó un trabajo de campo realizado en los departamentos de Cuzco, Ancash, San Martín, Piura y Puno, en los que se recogió el testimonio de 507 personas, de las que el 10% aceptó haber sido sometida de forma voluntaria al referido procedimiento, bajo promesas de bienestar económico y familiar. El informe del Ministerio de Salud señala que existen evidencias de "presión y direccionamiento desde los más altos niveles del Gobierno de Fujimori".