Colombia inicia el camino para el reconocimiento político de los 'paras'
La Cámara aprueba el primer paso de uno de los puntos más polémicos del proceso de paz
La Cámara de Representantes de Colombia acaba de dar el primer paso para el reconocimiento político de los paramilitares de las AUC, una de las iniciativas más polémicas de las promovidas por el Gobierno dentro del actual proceso de paz. La propuesta fue aprobada en la noche del jueves en la Cámara Baja del Parlamento colombiano junto a una treintena de apartados del llamado "proyecto de justicia y paz", que consta de más de sesenta artículos. Una vez que reciba la aprobación del Senado, que ya tiene este proyecto en discusión, sólo faltará que lo firme el presidente del país, Alvaro Uribe, para que se convierta en ley.
La condición política de los paramilitares de ultraderecha se derivará de la nueva definición de la actividad armada irregular de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como sedición, figura que hasta ahora sólo se aplicaba a las guerrillas izquierdistas. Dicho reconocimiento fue promovido por el Gobierno para darles mayores garantías a los miembros de esa organización con vistas a su desmovilización, la meta de las negociaciones de paz que ambas partes mantienen desde diciembre de 2002.
De momento, poco más de 5.200 paramilitares han dejado las armas, mientras que otros 14.000 deberán abandonarlas antes de que termine 2005, según los acuerdos alcanzados por las partes. El reconocimiento fue aprobado en medio de una agitada sesión en la que los sectores independientes y de oposición rechazaron nuevamente que los ultraderechistas sean considerados delincuentes políticos, por estimar que no luchan contra el Estado.
Extradiciones pendientes
El representante German Navas advirtió de que dicha condición puede impedir la extradición de los jefes de las AUC que Estados Unidos ha reclamado bajo cargos de narcotráfico.
Desde 2002, la justicia estadounidense ha procesado a nueve mandos de la organización paramilitar, entre ellos Salvatore Mancuso, que se desmovilizó en diciembre pasado y hasta un mes después ejerció como jefe máximo de las AUC. En su momento, Uribe dejó en suspenso la extradición de Mancuso y también la de Carlos Castaño, considerado como el líder histórico de las AUC y cuyo paradero es un misterio desde abril de 2004.
El proyecto legal para los paramilitares, que es gestionado de forma simultánea en plenos del Senado y la Cámara de Representantes, establece que los responsables de delitos atroces deberán purgar de cinco a ocho años de prisión.
Pero la norma propuesta por el Ejecutivo permite que reciban beneficios de rebaja de pena que están vigentes, lo mismo que descontar hasta 18 meses del tiempo que permanezcan en las zonas de distensión abiertas para el diálogo. Varias agencias de Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) temen que esta normativa deje en la impunidad los múltiples crímenes cometidos por las AUC, como matanzas, asesinatos y desapariciones forzadas.
