La orden de detención del ex presidente de Guatemala fue solicitada el pasado 8 de julio por la Fiscalía General del país, quien lo acusa de ser el principal responsable del desvío de 120 millones de quetzales (unos 15,7 millones de dólares), que desaparecieron tras ser transferidos al Ministerio de Defensa. La inmunidad de Portillo como diputado del Parlamento Centroamericano acabó el 18 de febrero de 2004, por lo que viajó a El Salvador y poco después a México, alegando ser un "perseguido político".

Denuncias de corrupción

El gobierno de Portillo (2000-2004) estuvo marcado por las constantes denuncias de corrupción en las instituciones del Estado, de las que, según las investigaciones de la prensa local, se habrían saqueado más de 500 millones de dólares.

Según la legislación guatemalteca, el Ministerio Público debe solicitar a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala una orden de extradición en contra del ex mandatario, basado en la orden de captura. El ministro de Relaciones Exteriores ha manifestado que "la Cancillería iniciará el proceso de extradición el mismo día que la solicitud sea recibida"