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Reportaje:

El 'huracán' Cerda

El juez procesa a Pinochet y ordena su arresto domiciliario por evasión de impuestos y falsificación de pasaportes

El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Carlos Cerda, ha dictado hoy un auto de procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet en el caso de las cuentas secretas mantenidas en el extranjero, evasión de impuestos, utilización de falsos pasaportes, falsedad en declaraciones a la Hacienda y falsificación de documentos públicos, y ha dispuesto su arresto domiciliario en su chalé de La Dehesa, una urbanización exclusiva de la capital chilena. El juez, acto seguido, ha dictado su libertad bajo fianza de unos 20.000 euros con la obligación de permanecer recluido en su domicilio. Esta medida no será efectiva hasta que se pronuncie la Corte Suprema.

El juez Cerda, sobre la base de un dictamen del Instituto Médico Legal, considera a Pinochet en condiciones físicas y mentales para someterse a juicio. El ministro de fuero Carlos Cerda, miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago, se hizo cargo de la causa de delitos económicos de Augusto Pinochet en sustitución del juez Sergio Muñoz, que fue ascendido hace pocas semanas a la Corte Suprema de Justicia de Chile.

Cerda, nada más hacerse cargo de la causa de evasión de impuestos, blanqueo de dinero y falsificación de pasaportes, interrogó en tres ocasiones al ex dictador para indagar el origen de unos recursos estimados, provisionalmente, en 28 millones de dólares, ocultos en una maraña de centenares de cuentas bancarias secretas abiertas a su nombre y el de testaferros en bancos internacionales, entre ellos el Riggs Bank, el Citibank, el Banco de Chile filial de Nueva York, el Coutts Miami, el Atlántico, y otros.

Las primeras diligencias de Cerda indicaron la irrupción de un juez experimentado en esta causa. Ayer mismo, el juez ordenó investigar bienes comprados en el extranjero por la Comandancia en Jefe del Ejército chileno o la Casa Militar entre 1973 y 2000 por si éstos fueron destinados a Pinochet, su familia o sus colaboradores más cercanos. El magistrado ordenó también a la Fuerza de Tareas Especiales de la Dirección de Investigaciones buscar información en la jefatura del Estado Mayor del Ejército y la Servicio Nacional de Aduanas sobre importaciones "que haga presumir o sospechar" que fueron destinadas a Pinochet, "su familia o su entorno". En la misma orden, el juez autorizaba a los detectives a incautar todo lo necesario para el "éxito de la investigación", especialmente para determinar si se usó dinero fiscal para usufructo personal.

Cerda ya había solicitado a la Aduana datos sobre las importaciones realizadas por el ex dictador, su familia y sus colaboradores. El juez busca presuntas comisiones pagadas por empresas de defensa a testaferros o empresas vinculadas a Pinochet o su familia. Algunas empresas europeas -British Aeroespace, Berthier, y una empresa holandesa- ya han admitido pagos. El juez ha solicitado información, además, sobre las compras de aviones del Ejército chileno a la entonces empresa española CASA.

Fuentes de la acusación en esta causa dijeron a EL PAIS que la Casa Militar, un departamento que funcionaba dentro del palacio presidencial de La Moneda, es uno de los objetivos de la investigación del juez Cerda. Algunos de los jefes que encabezaron esa repartición durante el periodo que Cerda investiga han sido los generales retirados Roberto Ballerino y Guillermo Garín. Ambos han declarado en el caso junto a otros ex oficiales del Ejército. Todos ellos crearon sociedades de inversión que canalizaron depósitos en bancos extranjeros, donde permanecían ocultos unos 28 millones de dólares.

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La decisión del juez Cerda de procesar a Pinochet ha sido posible por los avances de la investigación del juez Muñoz, antes de dejar el caso para ascender a la Corte Suprema de Justicia, hace pocas semanas, y la circunstancia excepcional de que un equipo de médicos del Instituto Médico Legal y personal designado por las partes dictaminó la semana pasada que Pinochet estaba en condiciones de someterse a juicio en el caso de la Operación Colombo, donde 119 chilenos opositores a la dictadura desaparecieron y de los cuáles 15 cadáveres aparecieron en Buenos Aires en 1975. El equipo médico señaló que Pinochet había sobreactuado su presunta enfermedad, exagerando sus difucultades, pero dictaminó que tiene sus capacidades normales para una persona de su edad.

Cúmulo de causas

Augusto Pinochet había logrado escapar de la justicia española gracias, precisamente, a la decisión del ministro del Interior británico en marzo de 2000, Jack Straw, de dejarle regresar a Chile por padecer una presunta demencia senil que le hacía incapaz para someterse a un juicio justo. El 2 de marzo de 2000, al regresar a Chile y abandonar en el aeropuerto de Santiago la silla de ruedas que había utilizado para simular su incapacidad, muchas voces se alzaron para exigir su enjuiciamiento. Sin embargo, aunque Pinochet fue despojado de su inmunidad como senador vitalicio, las razones de salud le salvaron en uno de los casos en los que su participación había sido directa, el de la Caravana de la Muerte, en el que se le acusaba como actor intelectual en la ejecución de 75 opositores tras el golpe de Estado, en 1973. Su presunto estado de demencia senil también le permitió ser sobreseído en la causa del asesinato del ex comandante en Jefe del Ejército chileno Carlos Prats González, en Buenos Aires, en 1974.

La figura de Pinochet cambió radicalmente en Chile cuando se conoció, por un informe de la subcomisión del Senado norteamericano, en julio de 2004, que el ex dictador había mantenido una red de más de 125 cuentas secretas localizadas por diversos bancos internacionales en paraísos fiscales. Una de las razones para mantener esta red, según ha explicado hace pocos días Pinochet al juez Cerda, en una de las declaraciones judiciales, fue la persecución penal al que lo sometieron el abogado de la acusación particular en España, Joan Garcés, y la orden enviada por el juez Baltasar Garzón, tras conseguir su detención en Londres el 16 de octubre de 1998, de que se bloquearan todos sus fondos en el extranjero. Pinochet, en efecto, con ayuda de varios ejecutivos del banco norteamericano Riggs en Londres, logró en 1999 enviar fondos a Estados Unidos para mantenerlos a salvo de la justicia española, una de las razones precisamente que llevaron al subcomité de investigaciones del Senado norteamericano a investigar y más tarde sancionar al Riggs.

'El huracán Cerda'

La irrupción del huracán Cerda en el caso ha permitido a la justicia chilena actuar con decisión. Cerda es uno de los pocos jueces que se atrevió a investigar los crímenes de Pinochet en plena dictadura. En 1986 procesó a cuarenta miembros de las Fuerzas Armadas que integraban el llamado Comando Conjunto, organismo dependiente de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), con su ex comandante en jefe, Gustavo Leigh, a la cabeza.

En las dependencias del Comando Conjunto, precisamente, fue torturado el general de la FACH, Alberto Bachelet, quien pocos meses después conoció la muerte en cautiverio. El general Bachelet era el padre de Michelle Bachelet, ex ministra de Defensa es la candidata favorita a la presidencia de Chile en las elecciones del próximo mes de diciembre. Pinochet ha sido ya procesado en 2001 y arrestado en su domicilio por el juez Juan Guzmán en el caso Caravana de la Muerte, pero a diferencia de entonces ahora carece del dictamen médico que le permitió eludir la acción de la justicia en su propio país. Pinochet cumple el 25 de noviembre 90 años.

Sobreseimiento

¿Cuáles son los próximos pasos procesales?. La defensa de Pinochet solicita al juez Cerda el sobreseimiento de su cliente con el argumento de su estado de salud. Este argumento es el que ha servido para eludir todos los procedimientos anteriores. Pero como ahora existe un dictamen que declara a Pinochet apto para ser juzgado, esta argucia será más dificil de hacer pasar. El juez Cerda tendrá que pronunciarse frente a la petición de sobresesimiento. Si la rechaza, Pinochet puede recurrir a la Corte de Apelaciones y más tarde a la Corte Suprema. Pero ambas carecen ahora del pretexto -la salud- para exonerarle.

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