Penas de cárcel para los pistoleros que asesinaron a una monja en Brasil
Un tribunal del Estado amazónico de Pará ha condenado a dos pistoleros por el asesinato, el pasado 12 de febrero, de la monja estadounidense Dorothy Stang en la Amazonia brasileña, lo que interrumpe la impunidad que caracteriza la violencia generada por la lucha por la tierra en esa inmensa región. Rayfran das Neves Sales, quien confesó el crimen, fue condenado a 27 años de prisión, y su cómplice, Clodoaldo Carlos Batista, que lo acompañó en el ataque, a 17 años.
Sin embargo, los tres hacendados acusados de ordenar y financiar la muerte de la religiosa, que durante lustros defendió a los campesinos sin tierra y la preservación de la selva en la Amazonia, no han sido juzgados porque la justicia todavía no ha fijado una fecha para ello.
La condena de los autores materiales fue celebrada por delegados de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente que asistieron al juicio. Greenpeace envió un documento firmado por una veintena de grupos en el que se pide al Gobierno brasileño esfuerzos para impedir que la sentencia de este caso sea una excepción. Según el documento, después de la misionera otros seis líderes de movimientos que defienden a los campesinos sin tierra han sido asesinados en Pará sin que sus homicidas hayan sido identificados.
La impunidad en Pará está retratada en un informe elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra y que fue entregado esta semana a la representante del secretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Hina Jilan, una de las testigos de la audiencia judicial.
El mayor temor de los grupos pro derechos humanos es que, tras la condena de los autores materiales del asesinato de la religiosa estadounidense, los instigadores del crimen consigan escapar. Los dos homicidas admitieron que cometieron el crimen por órdenes del hacendado Amair Feijoli da Cunha, para quien trabajaban y que les entregó el arma y los ayudó a huir. Da Cunha, según la fiscalía, sólo fue intermediario en un crimen encomendado y financiado por el latifundista Vitalmiro Bastos de Moura, cuyos intereses habían sido denunciados por la religiosa.
Según distintos testigos, la religiosa había sido amenazada de muerte en varias oportunidades por hacendados, madereros y latifundistas de la región. La misionera, de 73 años, nacida en Estados Unidos y naturalizada brasileña fue asesinada en una zona rural de Anapu, una remota localidad del Estado de Pará donde dirigía un proyecto para asentar a campesinos sin tierra.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en diferentes y enérgicos pronunciamientos que su Gobierno se empeñaría en llevar a los culpables hasta los tribunales y en acabar con los asesinatos y la impunidad en la Amazonia.
