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El control de la energía en Bolivia

El Gobierno convoca al agregado de negocios boliviano y advierte de "consecuencias"

Solana alerta de que la falta de seguridad jurídica "no beneficia" a Bolivia

El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha convocado esta tarde al encargado de negocios boliviano, Álvaro del Pozo, para tratar sobre la nacionalización de los hidrocarburos decretada ayer por el presidente de su país, Evo Morales. El Gobierno, que ha expresado su preocupación y ha advertido de las consecuencias para las relaciones bilaterales, también se reunirá con las empresas afectadas. Repsol YPF, cuyos títulos han retrocedido hoy en la Bolsa de Madrid el 0,63%, ha señalado su disposición a renegociar los contratos de explotación en el país andino, mientras la UE ha alertado de que la falta seguridad jurídica "no beneficia" en nada a Bolivia.

Según un comunicado emitido esta tarde por Exteriores, el Gobierno quiere manifestar a Del Pozo "su más profunda preocupación" por la nacionalización del petróleo y el gas, por "las formas que han rodeado" la medida y por "sus consecuencias para las relaciones bilaterales". El presidente de Bolivia decretó ayer la nacionalización de las reservas del gas -las segundas más importantes del continente después de Venezuela- y del petróleo y ordenó a todas las empresas extranjeras en el país entregar toda su producción a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El decreto cogió por sorpresa a las empresas extranjeras, ya que va más allá de lo esperado.

También recuerda Exteriores "el compromiso de las autoridades bolivianas de facilitar el texto del decreto para que pueda ser estudiado con detenimiento y se puedan pedir aclaraciones" y reitera que el Gobierno español espera que a través del "diálogo y la negociación" se llegue a una "solución satisfactoria para las partes". Por su parte, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado esta mañana que el Ejecutivo se reunirá "en los próximos días" con representantes de las empresas españolas radicadas en Bolivia. Esta reunión será convocada a lo largo de esta semana por el ministro de Industria, José Montilla, una vez que el Gobierno conozca los detalles del decreto. Para Fernández de la Vega, esta reunión refleja que el Gobierno "se preocupa y se ocupa, además de por los trabajadores, por los intereses de las empresas españolas" presentes en el extranjero.

Montilla: "Una mala señal para los mercados"

De la Vega ha enmarcado esta convocatoria en el espíritu "de diálogo y consenso" que, a su juicio, preside la actuación del Ejecutivo central en esta legislatura. Montilla ha dicho que "no es una buena noticia. Al Gobierno de España nos preocupa por el impacto que pueda tener en las empresas españolas". En declaraciones a RAC 1, Montilla ha advertido de que este impacto negativo afectará especialmente al sector de hidrocarburos, si bien ha recordado que "repetidamente el presidente de Bolivia había anunciado una medida en este sentido". Montilla ha manifestado que "es una mala señal para los mercados, que puede desincentivar la inversión extranjera en Bolivia".

Por su parte, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, ha dicho que el decreto le produce "gran intranquilidad" y ha advertido de que la ausencia de seguridad jurídica no beneficiará "al desarrollo político y económico" del país andino. La medida afecta a varias empresas europeas además de Repsol, como la británica British Petroleum y la francesa TotalFinaElf. Para el portavoz de Energía de la Comisión, Ferrán Tarradellas, podría tener "un impacto negativo" en el petróleo dada la "fuerte tensión en los precios". Bruselas ha lamentado que el Gobierno boliviano no le haya consultado antes de aprobar el decreto, que nacionaliza los hidrocarburos y concede a las empresas extranjeras seis meses para adaptarse. En todo caso, el Ejecutivo comunitario descarta que la medida tenga repercusiones en el suministro europeo, dado el escaso volumen de importación de petróleo boliviano y el nulo de gas.

Repsol confía en una solución negociada

Repsol YPF, la compañía extranjera que más ha invertido en Bolivia y que controla más de la tercera parte del gas, ve "preocupante" el nuevo escenario. La petrolera está dispuesta a abrir con Morales un proceso de renegociación de sus contratos de explotación, confía en llegar a una solución negociada y no considera probable abandonar el país. No obstante, prefiere no adelantar acontecimientos. Fuentes de Repsol consultadas por Servimedia han dicho que "todavía es pronto" para conocer las repercusiones que la decisión tendrá sobre el negocio de Andina, filial de la empresa española en Bolivia. "Estamos a la espera de recibir información por parte de los técnicos, que son los que están sobre el terreno y los que podrán aportar más datos". En la Bolsa, las acciones de Repsol han caído un 0,63% al cierre los mercados, aunque las acciones de la petrolera comenzaron hoy la sesión perdiendo un 2,03%.