Primer juicio a un represor en Argentina tras la derogación de la ley de Punto Final

Por primera vez desde que en junio de 2005 la Corte Constitucional argentina declarara nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un acusado de asesinatos y desapariciones que hasta ahora se había visto beneficiado por la normativa derogada se sentó ayer en el banquillo, para responder ante un tribunal por violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la dictadura militar (1976-1983). Se trataba de Miguel Etchecolatz, antiguo jefe de la policía de Buenos Aires, acusado de seis asesinatos y once desapariciones.

Ante un tribunal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, compareció en medio de los abucheos del público y con la televisión en directo. Etchecolatz se encontraba hasta ayer bajo arresto domiciliario y ya había sido condenado en el pasado a 23 años de prisión por otras violaciones a los derechos humanos, exactamente por la tortura de 91 personas.

El juicio, en el que está previsto que declaren más de 130 testigos, entre ellos varios torturados —y que se prolongará por aproximadamente tres meses—, incluirá visitas a centros de detención y viviendas donde habitaban los desaparecidos. La denuncia contra Etchecolatz se había efectuado en 1999, pero el proceso estaba paralizado por las leyes ahora derogadas. Entre los testigos citados a declarar figuran los ex presidentes Raúl Alfonsín y María Estela Martínez de Perón.

Repercusión en Argentina

Con aspecto serio y en una sala abarrotada de público, el ex policía, de 76 años de edad, escuchó la lectura de cargos que el fiscal presentó contra él. Etchecolatz siempre ha negado que tuviera jurisdicción sobre las comisarías donde se producían las torturas, argumento que ha sido rebatido en diferentes procesos por las acusaciones, que han llegado a demostrar incluso cómo, en connivencia con un médico, el ex funcionario de la dictadura falsificó la identidad de una niña, hija de una desaparecida nacida durante el cautiverio de ésta y entregada posteriormente en adopción ilegal. Por este hecho fue condenado en 2004 a siete años de cárcel, pero un tribunal de casación redujo la pena a tres.

El juicio abierto ayer ha tenido una amplia repercusión en Argentina, y supone el primero de una serie de siete procesos que se pondrán en marcha en breve plazo, como consecuencia directa de la decisión de la Corte Constitucional. "Después de años de impunidad, por fin avanza el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes", subrayó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW).

Otros 207 acusados de represión han quedado afectados de forma inmediata por la anulación de las leyes del perdón. La próxima semana está previsto que comparezca ante un tribunal uno de los represores argentinos más notorios, Julio Simón, conocido como El Turco Julián, acusado de la desaparición de un matrimonio y el robo de su hija en el centro de detención ilegal de El Olimpo, uno de lo más conocidos de Argentina junto a la Escuela Mecánica de la Armada (Esma) y el Campo de Mayo.