La iniciativa ha salido adelante por 33 votos a favor (tripartito y Aralar), 32 en contra (PSE y PP), y las ocho abstenciones del Partido Comunista de las Tierras Vascas. La propuesta fue presentada por el tripartito como enmienda a la totalidad a una proposición del PCTV en la que se exigía al Gobierno la inmediata puesta en libertad incondicional de De Juana.

El texto, que ha sido respaldado por Aralar, no reclama de forma explícita la puesta en libertad del recluso, aunque muestra su "preocupación" por lo "desproporcionado" de su condena por un delito de amenazas terroristas. Las iniciativas de EHAK y Aralar, que solicitaban la puesta en libertad del recluso, han sido rechazadas. Además, en el texto se exige "el respeto escrupuloso de los derechos de las personas que se hallan privadas de libertad, y en especial, de los derechos que hacen referencia a personas con enfermedades graves e incurables" y denuncia que se le haya condenado por “manifestaciones de opinión".

La ausencia por enfermedad de un parlamentario del PP, Carlos Urquijo, ha impedido que se produjera un empate (33 diputados del tripartito y Aralar por 33 de PSE y PP), lo que ha permitido que el tripartito sacara adelante la enmienda.

Sesión complicada

El pleno, el primero del año, tenía un orden del día complicado, ya que se debatían otras propuestas sensibles. Así, se ha decidido tramitar una iniciativa, apoyada por el tripartito, en la que se pide el fin de la incomunicación de los detenidos, para evitar posibilidades de torturas. Finalmente, se ha tenido que aplazar por la indisposición de Carlos Urquijo, el debate de una propuesta del PP instando al Gobierno a iniciar el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Además, se ha aprobado una condena de los actos violentos contra las obras del trazado del tren de alta velocidad en el País Vasco.

Tras el aplazamiento de la propuesta popular, la Cámara ha aceptado tramitar la iniciativa del tripartito para que se reforme la Ley de Enjuiciamiento criminal para acabar con la incomunicación de los detenidos y para la colocación de cámaras en los centros de detención para evitar posibilidades de torturas. Se trata de una proposición de ley de iniciativa legislativa, es decir, que una vez aprobada será enviada para su defensa en el Congreso de los Diputados. La propuesta partió de Aralar y ha contado con el apoyo y la defensa de los portavoces de los tres partidos del Gobierno vasco, mientras que ha sido rechazada por PSE y PP. El PCTV también ha apoyado la propuesta, argumentando que para "terminar con la tortura se debe terminar con la incomunicación".

Mientras, PP y PSOE han criticado la propuesta subrayando que es una vieja demanda de ETA y su entorno. El PSE ha subrayado la conveniencia de mantener las normas antiterroristas tras el atentado de Barajas. El PP rechaza que pueda hablarse de tortura en España y que con una norma así los terroristas "se frotan las manos”.