Los legisladores eran miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y dirigentes del partido que gobierna en El Salvador, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena); entre las víctimas se encontraba Eduardo D’Aubuisson, hijo menor del fallecido fundador del partido oficialista.

Ahora, la preocupación de las autoridades se ha incrementado. El director de la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña, Rodrigo Ávila, denuncia intentos de frenar las investigaciones, incluso desde antes de que se incorporara a ellas el estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). “Quieren cerrar la caja de Pandora”, se lamenta Ávila.

Por su parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la oposición, ha reiterado su llamamiento para que se cree una investigación internacional que llegue a la esencia de lo ocurrido.

“Se ha desatado una guerra como la que vemos en algunos lugares de México y de Colombia. Es la guerra entre narcos”, según Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca). Mientras, María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad), asegura que “todo se está conduciendo hacia la impunidad. Cuando se comienza a investigar la autoría intelectual, se da el golpe y se eliminan a los autores materiales del asesinato de los diputados... Ahora no tenemos nada”. Guillén reclama que hay que volver a los orígenes: “Que funcione la institucionalidad y que se elimine la impunidad, en todos los casos; es un derecho de la víctima”.

No sólo en Guatemala se perpetran masacres. El sábado pasado se supo de un asesinato colectivo de cinco jóvenes en la población de Huizucar, en la periferia de la capital, San Salvador, por un grupo armado vestido con uniformes de campaña de la policía. Las autoridades culpan a los pandilleros de las maras.