El Tribunal Popular Superior de Pekín rechazó la apelación de Zheng y mantuvo la sentencia, alegando que la información que aportó al proceso contra él ya había sido obtenida por los investigadores.

Un tribunal de Pekín emitió la condena en primera instancia en mayo tras hallar culpable a Zheng de aceptar sobornos de empresas farmacéuticas por un total de 832.000 dólares, 616.000 euros, incluidos regalos, e incumplimiento del deber. El condenado fue responsable de la citada Administración entre 1998 y 2005, y fue expulsado del Partido Comunista de China a principios de 2007 tras descubrirse que aceptó sobornos de firmas farmacéuticas.

La condena a muerte de Zheng coincide con una época turbulenta para Pekín, que afronta diversas acusaciones por escándalos farmacéuticos y alimentarios, entre ellos la muerte de más de cien personas en Panamá por falsos jarabes contra la tos.

Se trata de la primera vez en cinco años que un funcionario de tan alto nivel es condenado a muerte. Las últimas ejecuciones sucedieron en 2002. Se trataron de Hu Changqing, vicegobernador de la provincia de Jiangxi, y de Chen Jekie, vicepresidente del Legislativo, ambos por aceptar sobornos.