Blair ha sido el primer jefe de Gobierno en la historia interrogado tres veces por la presunta venta de títulos, una práctica prohibida por una ley de 1925.

Las pruebas son "insuficientes" para que se pueda hacer efectiva una condena "realista", según ha explicado en un comunicado un responsable de la Fiscalía.

La directora de la División Criminal Especial de la Fiscalía, Carmen Dowd, ha dicho que la decisión es "justa y equilibrada" y ha aclarado que para conseguir que un caso llegue hasta los tribunales debe haber suficientes pruebas, independientemente de su importancia.

"La investigación fue larga, lo que es una señal de la complejidad del caso y de la diligencia y profesionalismo de los agentes que llevaron a cabo la investigación", ha añadido. Si bien ha reconocido que hubo muchas conjeturas en torno al caso, Dowd ha puntualizado que su decisión está basada únicamente "en un análisis justo y equilibrado de las pruebas disponibles".

Esta declaración pone fin a un caso que supuso un gran escándalo en el tramo final del Gobierno de Blair, sospechoso de favorecer a ricos empresarios con títulos nobiliarios a cambio de su apoyo económico a su partido.