Las bandas de sicarios pierden las formas en Perú
El asesinato de un testigo en un caso de narcotráfico en pleno centro de Lima activa las alarmas sobre las actividades violentas del crimen organizado
José Ángel Mori Soto, presunto ex asesino a sueldo del conocido narcotraficante Fernando Zevallos, caminaba a las 2.50 de la tarde (hora local) del pasado miércoles por el centro de Lima cuando un sujeto bajó de una motocicleta y le disparó en la nuca. Minutos después murió. Estaba a sólo 80 metros de la puerta de la prisión de San Jorge, adonde se dirigía para testificar en un nuevo proceso a su ex patrón, que ya cumple una sentencia de 25 años.
Más que la noticia de esta muerte, lo que ha despertado las alarmas en Perú es la forma en que Mori fue tiroteado: en pleno día, en el centro de la capital y ante un considerable número de testigos. Su cuerpo quedó tendido frente al puesto de un zapatero que estaba atendiendo al público. Todos estos detalles son marcas registradas de algo que hace pocos años era poco frecuente en Perú: un clásico ajuste de cuentas entre traficantes de droga.
Si bien el narcotráfico está muy presente en el país —uno de los principales productores de hoja de coca en el mundo—, sus actividades y la violencia que originan solían estar localizadas en las regiones de producción.
Seis asesinatos
"Las bandas están perdiendo las formas", señala el analista Jaime Antezana, quien explica que los crímenes del narcotráfico antes pasaban desapercibidos porque ocurrían en zonas rurales muy alejadas de los centros urbanos. Pero ya hace años que dejó de ser así: en agosto de 2004, Jesús Flores Matías, considerado como otro sicario de Fernando Zevallos, fue acribillado por dos sujetos que, coincidentemente, también llegaron y huyeron en moto. Poco antes, Flores Matías se disponía a declarar ante la justicia todo lo que sabía sobre el narco conocido por su apodo, El Lunarejo.
Con Mori, ya son seis los hombres asesinados por ajustes de cuentas en el entorno de Zevallos, de acuerdo con el diario El Comercio, que lleva más de 10 años investigando y denunciando sus actividades ilegales.
En 2006, la escalada de violencia se cobró una víctima de mayor nivel: el juez Hernán Saturno Vergara, miembro del tribunal que llevaba el proceso contra más de 40 personas acusadas de formar parte o colaborar con la mafia mexicana del Cartel de Tijuana —cuya presencia en Perú es creciente—, murió de cuatro balazos en el pecho cuando cenaba con un primo en un restaurante ubicado muy cerca del Palacio de Justicia. Aunque en este caso se logró capturar meses después al homicida, que resultó ser peruano, la policía señala que muchos de los asesinos a sueldo son extranjeros —colombianos, bolivianos o mexicanos— que llegan al país para cumplir encargos específicos.
La sangre fría de algunos de estos sicarios parece no tener límites: el año pasado, un ciudadano colombiano fue asesinado de un tiro en la nuca cuando comía en un restaurante de comida rápida en el residencial barrio limeño de San Borja. Ningún comensal advirtió el disparo, que salió de una pistola con silenciador, hasta que se formó el charco de sangre en torno a la víctima. Para entonces, el homicida ya había huido por la puerta principal del establecimiento.
En 2007, la policía registró otros tres crímenes similares. El cadáver de una de las víctimas, un mexicano de 62 años, fue hallado días después del asesinato en el maletero de un automóvil. Según la policía, se trata de actos de venganza contra traidores y, a la vez, mensajes de advertencia que se lanzan entre las bandas.
El narcotráfico "es una amenaza mayor de lo que fue el terrorismo, porque tiene muchísimo más dinero y puede desarrollar niveles inusitados de violencia", advirtió recientemente el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, una de las voces más respetadas sobre seguridad interna en Perú, en una columna del diario Perú.21.
Tras el crimen de José Mori, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, ha pedido que se redoble la seguridad de los magistrados que llevan casos de narcotráfico.
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, e incluso el propio presidente del país, Alan García, han intercedido en el caso de la fiscal Luz Loayza, que denunció a Zevallos y ha pedido que se le cambie de puesto, ya que en el lugar en el que trabaja actualmente (la fiscalía de Maynas, en la selva peruana) ha sido amenazada y teme por su vida. Pero la fiscal de la nación, Adelaida Bolívar, rechazó su solicitud de traslado. "Todos los fiscales vivimos bajo amenaza, y si esta fiscal tiene miedo, no tiene el perfil que se quiere de un fiscal", comentó.
