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Reportaje:

Próximo paso, la extradición

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Perú celebran la sentencia contra el militar Telmo Hurtado

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Perú han celebrado la sentencia contra el ex militar Telmo Hurtado. Es la primera vez que un tribunal estadounidense se pronuncia sobre una violación de derechos humanos en Perú.

"Se trata de una sentencia civil, que sin duda será un refuerzo a las causas penales que aún tienen que resolverse en Perú", señaló Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Hurtado ya fue juzgado por los hechos de la matanza de Accomarca, donde fueron asesinadas cerca de 70 personas en 1985. En 1986, un tribunal militar lo absolvió de los cargos de homicidio, negligencia y desobediencia, y lo condenó a seis años de cárcel por abuso de autoridad. El caso se volvió a abrir en 2005, cuando la fiscal Cristina Olazábal presentó una denuncia que incluía al entonces candidato presidencial y hoy presidente, Alan García, que gobernó Perú entre 1985 y 1990. Meses después, él y varios altos mandos militares fueron excluidos del proceso.

Soberón agregó que, "evidentemente, se trata de una indemnización impagable para Hurtado, pero es un precedente importante porque es un tribunal civil que se pronuncia sobre delitos". Ahora, lo que se espera es que la justicia estadounidense resuelva sobre la petición de expulsión o extradición del capitán retirado, para que pueda ser juzgado en Perú nuevamente. Según Almudena Bernabéu, abogada de los familiares de las víctimas ante la justicia estadounidense, este tema será visto en abril.

Todavía hay otro caso relacionado con Accomarca en los tribunales de Estados Unidos: el del ex capitán Juan Rivera Rendón, que se está estudiando en un tribunal de Maryland. "La sentencia a Hurtado es un claro mensaje para los violadores de los derechos humanos, quienes piensan que al huir del país evadirán el brazo de la justicia", afirmó Karim Ninaquispe, abogada de los familiares en Lima. Según dijo, Teófila Ochoa y Ciria Pulido saben que no podrán cobrar los 37 millones de indemnización, pero lo importante es que en el proceso se comprobó la responsabilidad del militar.

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