Dimiten nueve ministros mauritanos en protesta por el golpe del Estado
El titular del área de Descentralización ha anunciado que otros cinco ministros de otro de los partidos también van a renunciar a sus cargos
Nueve ministros pertenecientes al partido que se encontraba en el poder en Mauritania hasta el pasado miércoles, el Pacto Nacional por la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADIL), han dimitido este viernes como protesta al golpe de Estado perpetrado por la Junta Militar. Intentan así mostrar su rechazo a la asonada que depuso al hasta entonces presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi, quien aún se encuentra detenido y que este jueves fue transferido del cuartel de la Guardia Presidencial al Palacio de Congresos.
Así lo ha comunicado el ministro de la Descentralización, Yahya Uld Kebd, quien ha abandonado su cargo. Además, Uld Kebd ha indicado que junto a los que ya han renunciado a su cargo, van a seguir sus pasos otros cinco ministros pertenecientes a la Alianza Popular Progresista (APP), partido de la mayoría gubernamental.
Entre los funcionarios que han renunciado a sus carteras se encuentran el ministro de Economía y Finanzas, Sidi Uld Tah, el titular de Educación, Mohamed Uld Amar, el de Asuntos Islámicos, Yahya Uld Sid'El Mustafá, y el de Sanidad, Camara Bakary Haruna.
También han abandonado sus puestos la ministra de la Promoción Femenina, de la Infancia y la Familia, Fatimettou Mint Jatri, el secretario general del Gobierno, Bâ Abdulaye Mamad, el encargado de la Inversión Privada, Sidi Mohamed Uld Emejar y el director del gabinete del primer ministro, Mohamed Uld Abidine Uld M'aiv.
Por otra parte, el "Frente Nacional de Defensa de la Democracia", creado por cuatro partidos políticos partidarios del ahora ex presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi, han exigido este viernes el "retorno inmediato" a la legalidad constitucional. La declaración, realizada en un comunicado tras una rueda de prensa celebrada este mismo día, añade que la promesa de organizar elecciones "libres y transparentes lo antes posible" lanzada por el "Consejo de Estado" creado tras el golpe, no es más que "una estafa para confiscar la voluntad del pueblo".
