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El debate 'in vitro' retoma Costa Rica

El Gobierno intenta evitar que la denuncia de una mujer lleve al Estado al banquillo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, apoya la fecundación in vitro. Además, un tribunal avaló este procedimiento hace dos semanas. Su Gobierno, sin embargo, se ha topado con el infortunio de tener que defender en instancias internacionales el veto que el tribunal constitucional costarricense estableció en 2000. Los abogados del Estado no quieren llegar a sentarse en el taburete de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, intentan convencer a la Comisión Interamericana (CIDH) de que no tiene sentido legal el caso de Andrea Bianchi, la mujer que esta semana contó entre lágrimas su historia en Washington, en una emotiva comparecencia que inició con una advertencia: "Soy católica practicante".

Bianchi, una médica chilena residente en Costa Rica, insistió, en nombre de 10 parejas demandantes, que el Estado costarricense violó sus derechos porque la Sala Constitucional, tribunal irrefutable y polémico, anuló hace ocho años el decreto que regulaba el método de fecundar en laboratorio. La demandante incluso llevó fotos de sus mellizos, Camila y Alejandro, que nacieron hace seis años como resultado del proceso que debió realizarse en Colombia. La ley y 30.000 dólares le permitieron fecundar en una probeta el óvulo incapaz de pasar por las trompas de Falopio obstruidas de Andrea.

Una resolución judicial de hace sólo dos semanas volvió a abrir la posibilidad de las fecundaciones en los laboratorios del sistema de salud pública. Pero el caso está presentado y Costa Rica se expone a ser enjuiciada en su propia capital, sede de la Corte Interamericana. "Hemos sido abanderados en la defensa de la vida humana y del derecho a la vida. En consecuencia, el Estado se mantiene firme y fiel a sus valores, principios y tradiciones en defensa de la vida humana desde su estado más primigenio", argumentó la Cancillería tras la audiencia a la cual llevó, como parte de su comitiva, a un inteligente genetista vinculado al Opus Dei.

Esos valores tradicionales, se entiende, coinciden con los de la religión oficial católica, cuyos obispos parecen estar preocupados por "el destape" en los últimos tiempos, como han calificado algunos críticos los recientes acontecimientos. Mientras tanto, en Costa Rica avanza la posibilidad de llevar a referendo nacional la unión civil entre homosexuales, en las escuelas públicas se explica cómo colocar un condón y en el Congreso parece haber ambiente para aprobar la venta de la píldora anticonceptiva del día después con el apoyo de la ministra de Salud, María Luisa Ávila.

La fecundación in vitro entra en el paquete del destape que los prelados no dudan en combatir, en los discursos frente a las autoridades, con palabras como "aberración". Que se escuche bien. Para Andrea Bianchi, el tema no va con la religión. Por eso comenzó su intervención ante la CIDH advirtiendo su confesión católica, para después centrarse en lo que considera un problema estrictamente civil. "El principal derecho violado es el de fundar una familia", ha declarado su abogado, Gerardo Trejos.

"El canon aceptado en Costa Rica es porque no puede tener hijos porque algo malo hiciste, porque alguien allá arriba no lo desea. Hay que aceptar la decisión de que eres estéril. Siento que el Estado tomó esas percepciones y las adoptó como propias. ¿Quiere ser mamá? El único camino que el Estado dejó es la adopción. Se vuelve una imposición. Eso es extremadamente doloroso", expresó Bianchi en Washington, esperanzada en que la CIDH dé curso a la demanda aceptada en 2004, acuse al Estado costarricense y le dicte la segunda condena de su historia (la primera vez fue en agosto de ese mismo año, por ausencia de libertad de expresión).

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Los abogados estatales alegan que no han violado ninguno de los artículos de la CIDH y que el tema no ha agotado las instancias judiciales internas, ni siquiera con la resolución del 14 de octubre, la cual no termina de ser aceptada por la Caja del Seguro Social, matriz de los hospitales públicos.

En una sociedad centroamericana, sin embargo, el filtro católico resulta ineludible. "Voy a conversar con miembros de la Iglesia y voy a ser sumamente respetuoso de lo que ellos recomienden", dijo sobre la píldora anticonceptiva el diputado oficialista Fernando Sánchez, primo de Óscar Arias, quien hace un año y medio se atrevió a plantearle al Vaticano la necesidad de repartir condones en África. "Tenemos que ser francos, la Iglesia ha desempeñado un papel muy negativo", dijo el mandatario poco después.

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