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Denunciado en España al ex presidente salvadoreño Cristiani por el asesinato de seis jesuitas en 1989

La querella se apoya en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet.- También están acusados 14 militares

Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado hoy ante la Audiencia Nacional al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a 14 miembros de su Ejército por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989. La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), dos asociaciones con amplia experiencia en procesos internacionales, han sido las encargadas de presentar hoy la iniciativa.

La querella se apoya en el principio de Jurisdicción Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.

El juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, será el encargado del seguimiento de la querella, que inmediatamente será traslada al ministerio fiscal para que informe sobre si España tiene jurisdicción y sobre si los hechos revisten indicios de delitos.

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López. Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Al ex presidente Cristiani, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en 1989, se le acusa de ser "cómplice" por "encubrir" el crimen, y a catorce miembros del Ejército salvadoreño de ser "los responsables" del mismo.

Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

Una ley que hoy ha sido cuestionada por el presidente de la APDHE, Manuel Ollé, quien dijo que "ningún país, ningún Estado puede dictar leyes de impunidad para auto protegerse, para auto amnistiarse cuando se produce una vulneración de la vida, de la libertad y de la integridad física de las personas".

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a los demandados de "crímenes contra la humanidad" y de "terrorismo de Estado".