Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Senado confirma a Eric Holder como nuevo fiscal general de EE UU

El titular del Departamento de Justicia se ha declarado en contra de las torturas de la era Bush

El Senado de Estados Unidos confirmó ayer a Eric Holder como nuevo fiscal general, un cargo desde donde el primer afroamericano en acceder a este puesto supervisará los planes del recién elegido presidente demócrata, Barack Obama, para reformar las políticas legales del país en la lucha contra el terrorismo, un aspecto especialmente criticado durante la anterior administración republicana.

Por 75 votos a favor y 21 en contra, el Senado ha dado la luz verde a Holder, de 58 años, quien ya ocupó el cargo de número dos de la oficina del fiscal general bajo el mandato del ex presidente Bill Clinton. Previsiblemente, Holder jurará el cargo este martes por la mañana, antes de comenzar a trabajar en el Departamento de Justicia.

La confirmación de Holder ha suscitado elogios dentro y fuera del Congreso, y sus partidarios consideran que liderará una "revitalización" del Departamento de Justicia, cuya imagen quedó manchada por la polémica de las torturas llevadas a cabo en cárceles como las de Guantánamo (Cuba) o Abu Graib (Irak). El Partido Republicano, sin embargo, ya le ha criticado por apoyar los perdones presidenciales de Clinton y pone en duda su respaldo al derecho a llevar armas.

En contra de los interrogatorios de la era Bush

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Holder no se anduvo por las ramas y declaró que "la asfixia simulada es tortura", en una clara señal de los cambios que llevará a cabo el nuevo Gobierno pero que también ha suscitado malestar entre quienes exigen mano dura contra los terroristas. La Administración de George Bush ha reconocido haber utilizado este método de tortura en al menos tres sospechosos de terrorismo.

Holder también tendrá que decidir qué hacer con funcionarios involucrados en la presunta politización del Departamento de Justicia que, según los demócratas, dio como resultado el despido de nueve fiscales en el 2006.

La comunidad hispana aplaudió el compromiso de Holder de revisar la política establecida por su antecesor, Michael Mukasey, de que los inmigrantes en vías de deportación no tienen derecho a un defensor público.

Holder también recibió el espaldarazo de activistas de derechos civiles como la llamada Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles (LCCR), quienes han dicho que éste "restablecerá la moral y la misión histórica del Departamento de Justicia con la imparcialidad y el cumplimiento de la ley".