Es un secreto a voces que las relaciones entre Perú y Bolivia no gozan de buena salud. El estado de zozobra en el que se encuentra el diálogo entre ambos países ha sumado un nuevo capítulo que agrava esta tensión. El Gobierno de Alan García llamó ayer a consulta a su embajador en Bolivia, Fernando Rojas, para expresar su rechazo a las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, quien calificó de genocidio el conflicto en la región amazónica de Bagua (Perú). En los disturbios del 5 de junio murieron 24 policías y diez indígenas.

Unos 5.000 nativos llevan cerca de dos meses en pie de guerra, bloqueando caminos y obstaculizando las operaciones petroleras y gasíferas en la zona. El origen de los disturbios radicaba en un decreto legislativo que los indígenas consideran inconstitucional, pues atentan contra su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales. El Congreso de Perú suspendió la ley del conflicto el 10 de junio.

La primera respuesta de Perú a la acusación de Morales corrió por cuenta de Rojas, quien reprochó que en Bolivia y en "sectores absolutamente interesados" se habla sin pruebas de genocidio. Este nuevo rifirrafe se suma a los últimos desencuentros entre ambos países sobre tratados del libre comercio o la integración andina. Rojas corrobó que las relaciones entre los dos estados son "preocupantes". Es la segunda vez en menos de un año que el embajador peruano es requerido por Lima.

Pero a Bolivia no le preocupa la citación de Rojas. "Se trata de una práctica normal que nosotros también hacemos", aseguró su canciller, David Choquehuanca.