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Cheney ordenó a la CIA violar la ley

El ex vicepresidente de EE UU exigió que se ocultase al Congreso un programa antiterrorista.-El actual director de la agencia ha cancelado el plan secreto

Por orden directa del ex vicepresidente Dick Cheney, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ocultó al Congreso de Estados Unidos la existencia de un programa antiterrorista secreto durante los últimos ocho años y al que puso fin el pasado 23 de junio, nada más conocerlo, su actual director, Leon Panetta. Él mismo fue quien lo desveló durante dos audiencias con los comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado a finales de ese mes.

El contenido concreto del programa sigue sin conocerse. Sólo se sabe que se inició justo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que nunca llegó a estar totalmente operativo. Tan sólo se empezaron labores de planificación y entrenamiento, que comenzaron en aquellos meses finales de 2001 y han durado hasta este mismo año.

Fuentes cercanas a lo que se discutió en ambos comités de Inteligencia del Congreso, citadas por el diario The New York Times, han insistido en que ese plan antiterrorista no está relacionado con el polémico programa sobre detenciones e interrogatorios de la CIA, que incluye el waterboarding o asfixia simulada.

Como excusa para fabricar semejante plan y mantenerlo fuera del escrutinio del Congreso, sus arquitectos alegaron el temor a nuevos atentados y a que cualquier filtración pudiera provocar nuevos ataques por parte de Al Qaeda. Las fuentes mencionadas por la prensa norteamericana afirman que la existencia de ese programa no le fue comunicado siquiera verbalmente a lo que se conoce como "la banda de los ocho", en referencia a los líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso y de sus comités de Inteligencia.

El conflicto que se avecina no es tanto por el contenido del programa como por el hecho del secretismo que practicó en líneas generales la anterior Administración y en concreto Cheney. El ex vicepresidente podría haber aprovechado para rehuir la comparecencia ante el Congreso algunas fisuras ambiguas que contiene la Ley de Seguridad de 1947, que obliga al presidente de Estados Unidos a mantener "totalmente informados" a los comités de Inteligencia del Capitolio sobre actividades "de inteligencia", pero que también señala que esas sesiones informativas deben ser llevadas a cabo "teniendo siempre en cuenta la prevención de la divulgación no autorizada de información clasificada".

Pero, ¿por qué ningún otro director de la CIA había ordenado paralizar el programa antiterrorista ocultado al Congreso? Según una fuente conocedora de las declaraciones de Panetta, la razón es que hasta ahora no se había encontrado suficiente información sobre el programa, que, al parecer, estaba en estado embrionario. A pesar de que ahora tampoco parece haberse avanzado mucho en su conocimiento, Panetta ha decidido ponerle fin. Un día después de tomar su decisión, el director de la CIA convocó una reunión de emergencia con las comisiones de Inteligencia para informarles de lo sucedido.

El conocimiento de la participación clave de Cheney en el programa antiterrorista de la CIA llegó justo un día después de que se hiciera público un informe redactado por cinco inspectores generales del Departamento de Justicia, que asegura que la Administración de George W. Bush coordinó una operación de vigilancia sin precedentes para reunir cantidades ingentes de información, que fue mucho más allá de las escuchas telefónicas sin orden judicial de las que ya se sabía.

Se desprende del documento del Departamento de Justicia que Cheney practicó con vehemencia el uso del secretismo durante su paso por el poder. El informe asegura que el ex vicepresidente ordenó que fuera un círculo mínimo de personas dentro de la Casa Blanca quienes conocieran los programas de escuchas ilegales llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional. La persona que decidía quién era informada y quién no, dentro del cerrado grupo de ayudantes de Bush, era el jefe de la oficina de Cheney, David Addington.

Desde que se crearon en la década de los setenta tras conocerse la participación de la CIA en asesinatos y otros abusos, los comités de Inteligencia del Congreso han visto cómo en más de una ocasión se les sustraía información o se les engañaba. Durante los años de George W. Bush, esas acusaciones aumentaron a medida que la agencia tenía cada vez un papel más preponderante en la lucha contra Al Qaeda. Y por ejemplo, a pesar de que el uso de técnicas de interrogatorio que se pueden considerar torturas fueron descritas al Congreso en 2002, incluido el waterboarding, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura que la agencia mintió sobre lo que estaba sucediendo. Cuando el Congreso supo de la existencia del waterboarding, al sospechoso de terrorismo Abu Zubayda ya se le había aplicado 83 veces.

El fiscal general planea investigar las torturas

Y. MONGE | Washington

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, está considerando la posibilidad de crear una figura dentro del Departamento de Justicia que investigue las prácticas de interrogatorio usadas durante el gobierno de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11-S. La decisión no estará exenta de polémica, ya que entrará en conflicto con el deseo manifestado en más de una ocasión por el presidente Barack Obama de "mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado". "Espero que cualquier decisión que tome no tenga un impacto negativo sobre la agenda del presidente", declara Holder esta semana en la revista Newsweek. "Pero eso no puede ser parte de mi decisión".

Según los medios de comunicación estadounidenses, Holder tomará una decisión en las próximas semanas. El portavoz de Justicia, Matt Miller, declaró ayer que Holder planea "actuar según los hechos y según la ley". "No hemos tomado decisiones sobre investigaciones ni procesos, incluida la posible designación de un fiscal", dijo Miller. "Como ha dejado claro el fiscal general, sería injusto procesar a un funcionario que actuó de buena fe usando como base la asesoría legal del Departamento de Justicia".

Esta declaración hace referencia al hecho de que la investigación, si se iniciase, sólo tendría por objetivo a aquellas personas que fueron más allá de lo que autorizó la Oficina Legal de la Casa Blanca. Pero quedarían libres de toda mancha los agentes de la CIA que pusieron en práctica los métodos entonces aprobados y hoy considerados tortura, ya que cumplían órdenes.

La revista Newsweek informó el sábado pasado sobre el hecho de que Holder quiera nombrar un fiscal especial que investigue los abusos cometidos durante la era Bush. El fiscal general se dice consciente de las consecuencias políticas de lanzar una investigación y asegura que preferiría no crearle problemas innecesarios a la Casa Blanca. Pero a renglón seguido, Holder justifica su intención en la consternación que le crearon las revelaciones acerca del tratamiento de detenidos en las "prisiones negras" de la CIA en el extranjero.

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