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Chávez prepara una 'ley mordaza' para castigar a la prensa crítica

La fiscal general presenta la ley Especial de Delitos Mediáticos, que Chávez quiere aprobar antes de fin de año.- Las conductas o informaciones susceptibles de acaerrar sanción de hasta tres años de cárcel son numerosas y poco definidas, según el texto de la norma

El Gobierno que preside Hugo Chávez prepara una nueva ley mordaza contra la prensa crítica. El proyecto, llamado Ley Especial de Delitos Mediáticos, prevé penas de cárcel para aquellos medios que atenten contra la "estabilidad" de las instituciones, la "paz social" o la "moral pública".

Durante su programa de radio, el 3 de julio pasado, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas emisoras, televisiones, diarios y páginas web que con sus informaciones generaran zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de seis meses a cuatro años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz social, la seguridad e independencia de la nación", la "salud mental o moral pública" y el "orden público", o que "generen sensación de impunidad o de inseguridad" entre la población.

Casi todos los ciudadanos, incluyendo a la fiscal, son susceptibles de ser penados con esta futura ley: los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los productores nacionales independientes, los artistas o "cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza", dice el artículo séptimo del proyecto de ley. También se incluyen en este artículo los propietarios y directivos de medios de comunicación.

El artículo 5 es particularmente severo al castigar el delito que define como "divulgación de noticias falsas" que ocasionen "una gran alteración a la tranquilidad pública" o "hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado". Para las personas y los dueños de medios que publiquen este tipo de información, la justicia podrá aplicar penas de dos a cuatro años de prisión. El mismo castigo está reservado para los que "manipulen" o "tergiversen" una noticia, "generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad",

La propuesta presentada por la fiscal no establece qué organismo será el responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de manipulación o tergiversación de una noticia. Pero sólo en el último año el Ministerio de Comunicación e Información, responsable de vigilar y reglamentar el funcionamiento de los medios, ha señalado de "falsas", "interesadas" o "manipuladas" noticias como el aumento de la inseguridad ciudadana, del narcotráfico y de la corrupción en Venezuela, el desabastecimiento de alimentos o la existencia de armas venezolanas en manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; informaciones que los medios independientes, nacionales e internacionales, han dado por ciertas.

Para los directores, gerentes o editores de medios la ley contempla dos nuevos tipos de delito. Los que se nieguen a revelar la identidad del autor de una emisión o artículo que utilice como nombre un seudónimo o se ampare en el anonimato podrían ser castigados con penas de seis meses a tres años de prisión, según el artículo 7 del proyecto de ley. Y aquellos que omitan de manera voluntaria o injustificada si podrían ir a la cárcel, por espacio de dos a cuatro años, según el artículo 10.

"¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático?", se preguntó el Colegio Nacional de Periodistas a través de un comunicado difundido el jueves. "¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿La cifra sobre los índices de criminalidad? ¿Las críticas ante los excesos de un poderoso". Para el gremio, dice el documento, este proyecto está enmarcado "dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio". El cerco contra 285 emisoras de radio y televisión que, a finales de junio, fueron amenazadas por el Gobierno con el cierre; el anuncio de reformas a la Ley de Ejercicio del Periodismo; y la criminalización de la disidencia política, sostiene el CNP, son acciones que forman parte de ese ataque. La organización francesa Reporteros Sin Fronteras también ha denunciado que modificaciones legislativas como ésta que hoy se promueven en Venezuela constituyen una "cruzada" del Gobierno de Hugo Chávez contra los medios de comunicación privados.

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela -varios de ellos periodistas, que proyectaron su carrera política a través de encendidas denuncias- no comparten la opinión del gremio. Este jueves, varios de ellos gritaron "vivas" y aplaudieron al escuchar la propuesta de la fiscal, en señal inequívoca de su disposición a aprobar la ley antes de fin de año. Hace una semana, el presidente Hugo Chávez ordenó a la Asamblea Nacional que antes de diciembre -y antes de que, en 2010, termine la legislatura en la que el oficialismo tiene mayoría- debía aprobar un conjunto de leyes "revolucionarias" y derogar las "contrarrevolucionarias" que impiden que el socialismo del siglo XXI avance. "¡Leyes revolucionarias, inexorables!", pidió Chávez, para "terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado, bolivariano". La Ley Especial de Delitos Mediáticos es una de ellas.

La principal asociación de periodistas americana condena "el golpe a la democracia en Venezuela"

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" en Venezuela, al calificarlo como un "devastador golpe contra lo que queda de democracia". La SIP considera que es "un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".

"El gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa", para lo cual, éstos ya están regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, ha dicho Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El cierre en mayo de 2007 de RCTV, el "hostigamiento" contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo; y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico, se incluyen en las acciones oficialistas, según la SIP.

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