El Supremo de Argentina anula el indulto a un ministro de Economía de la dictadura

El hacendado y empresario José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el emblemático ministro de Economía de la última dictadura militar de Argentina entre 1976 y 1981, deberá rendir cuentas ante los tribunales de su país. A los 84 años ha perdido el amparo que le habían concedido los indultos de 1989 y 1990 del entonces presidente argentino, Carlos Menem, y tendrá que defenderse de la acusación por la presunta autoría del secuestro y la tentativa de extorsión de dos empresarios textiles.

La Corte Suprema de Argentina, en línea con otras causas sobre el terrorismo de Estado que asoló este país hasta hace 27 años, declaró el pasado martes la inconstitucionalidad de los indultos con los que Menem había favorecido en esta causa a Martínez de Hoz, al ex dictador Jorge Videla (1976-1981) y al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy (estos dos últimos ya se encuentran detenidos por otros crímenes).

"Si bien la privación de la libertad con fines extorsivos de por sí no constituye un delito de lesa humanidad, en este caso, el hecho se enmarca dentro del contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar", opinaron cuatro de los siete magistrados del máximo tribunal de Argentina y, por tanto, consideraron imprescriptibles los delitos en cuestión.

Una exportación fallida

Después de que se frustrara una exportación de algodón de los empresarios Federico y Miguel Gutheim a Hong Kong, Martínez de Hoz perdió la posibilidad de acceder a unos créditos de ese origen para su país, y entonces, Videla y Harguindeguy firmaron un decreto para detenerlos en noviembre de 1976. Permanecieron encarcelados cinco meses, durante los cuales sólo podían salir para asistir, custodiados por policías y funcionarios del Ministerio de Economía, a reuniones con empresarios británicos y chinos en las que se debía reactivar la exportación fallida. En 1988 un juez de primera instancia procesó por esta causa no sólo al dictador y su ministro del Interior sino también al de Economía por su presunta implicación.

Martínez de Hoz encarnó el rostro civil de la dictadura. En cinco años de gestión impulsó una fuerte apertura a la importación de bienes, con lo que comenzó el deterioro de la industria argentina; una congelación de las nóminas, por lo que los trabajadores perdieron casi la mitad de su participación en la renta nacional; la llamada "bicicleta financiera", que hacía más atractivos los negocios especulativos que los productivos, y la multiplicación de la deuda externa -incluidos préstamos de países democráticos como Alemania Occidental y Holanda- de 8.000 millones de dólares en 1976 a 35.700 millones en 1981 -un año antes de la crisis de la deuda latinoamericana-, un pasivo cuya legitimidad está siendo cuestionada por la izquierda que se opone a los Kirchner. Simultáneamente, el régimen hizo desaparecer a dirigentes sindicales en grandes empresas nacionales y extranjeras, como Ford y Mercedes-Benz.

"Martínez de Hoz fue el verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo [de 1976]", declaró el martes el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, al periódico Página/12. "Se trata de una figura emblemática como autor del proyecto económico que tenía por finalidad la dictadura: la aplicación de la política económica del ajuste, para lo cual se valía de la rebaja escandalosa del ingreso, el desmantelamiento del Estado, la concentración monopólica del capital financiero y necesitaba del disciplinamiento de la sociedad mediante el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes y desapariciones", añadió el secretario del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Martínez de Hoz reaccionó al fallo de la Corte con una solicitada en dos periódicos porteños que se tituló "una persecución interminable".