La justicia vuelve a sobreseer la causa contra el ex presidente argentino De La Rúa

Por más que el ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) haya admitido su "responsabilidad política" en la muerte de cinco manifestantes opositores en los últimos dos días de su Gobierno, un juez federal de su país creyó que no cabía ninguna "responsabilidad penal" y ayer sobreseyó por segunda vez la misma causa. De la Rúa, dirigente conservador de la heterogénea Unión Cívica Radical (UCR), había declarado el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001 ante los saqueos que se multiplicaban sobre todo en los suburbios de Buenos Aires, después de que la economía casi se paralizara por la instauración del corralito financiero (congelación de depósitos).

Aquella noche, miles de ciudadanos desafiaron la prohibición de las reuniones públicas y comenzaron a congregarse pacífica y espontáneamente frente a la casa porteña del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que, junto a De la Rúa, se negaba a devaluar el peso después de 10 años de atadura con el dólar. Ambos preferían seguir ajustando la política fiscal para evitar una suspensión de pagos de la deuda. Los manifestantes iban con cacerolas, cortaban la avenida del Libertador y pedían a gritos la renuncia del ministro. Muchos de ellos y otros más se dirigieron después a la Casa Rosada para demandar soluciones a De la Rúa, un presidente que se caracterizaba por su debilidad, sus indecisiones y su pérdida de aliados: solo le quedaba Cavallo y la mayoría de los radicales no le acompañaba.

Entre los días 19 y 20, cuando De la Rúa renunció ante la revuelta popular, murieron 30 argentinos en la represión policial y otros episodios confusos. Cinco de esas muertes ocurrieron en Buenos Aires, donde la Policía Federal, que respondía ante el presidente argentino, debía hacer respetar la ley.

"Está cabalmente demostrado que no hubo del Gobierno ninguna orden de represión ni de excesos", dijo el viernes De la Rúa a Radio del Plata. "No sabía que hubiera personas fallecidas", se defendió.

Segunda investigación

El juez federal Claudio Bonadío lo había procesado en 2007 , pero sobreseyó la causa por primera vez el año pasado . Un tribunal de alzada le ordenó entonces investigar mejor una presunta reunión de la cúpula del Gobierno en la que se habría resuelto "liberar de manifestantes la Plaza de Mayo para acordar con el peronismo la sustentabilidad" de De la Rúa, según les habría contado el entonces viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, a diputados opositores. Bonadío volvió a indagar a De la Rúa, García Batallán y otros cuatro de sus funcionarios, pero todos desmintieron esa reunión. El juez les creyó y volvió a sobreseer la causa.

Por las cinco muertes en Buenos Aires, sólo serán sometidos a juicio oral el secretario de Seguridad del Gobierno de De la Rúa, Enrique Mathov, y el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, entre otros funcionarios. No obstante, el fiscal Luis Comparatore puede apelar por segunda vez el sobreseimiento.

"Los hechos fueron suficientemente graves como para que un presidente se desentienda de un operativo de represión inusitado en Buenos Aires y no dé explicaciones a la justicia", opinó el abogado de los familiares de las cinco víctimas, Rodolfo Yanzón. Después de la caída de De la Rúa se sucedieron cuatro presidentes en Argentina en 11 días, en los que este país declaró la suspensión de pagos de su deuda. Finalmente, el 1° de enero de 2002 el Congreso designó como jefe de Estado al peronista Eduardo Duhalde, en cuyo Gobierno incorporó a algunos dirigentes radicales y que contó con el apoyo de su antecesor Raúl Alfonsín (1983-1989), ex líder de la UCR. Duhalde devaluó el peso, profundizó el corralito y condujo a Argentina hacia nuevas elecciones presidenciales en mayo de 2003, cuando la economía comenzaba a recuperarse y el triunfo fue para otro peronista, su entonces delfín y actual enemigo Néstor Kirchner.