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El conflicto de Oriente Próximo

La comisión israelí podrá investigar también la legalidad del bloqueo a Gaza

El Gobierno de Netanyahu rechaza de forma rotunda cualquier participación de la ONU

Ahora sólo falta la luz verde de Washington. Eso dice el Gobierno israelí, que ya ha decidido crear una comisión investigadora sobre el asalto a la flotilla de activistas que intentaba romper el bloqueo sobre Gaza. La comisión también examinará, en principio, la legalidad del asalto en alta mar y la legalidad del propio bloqueo.

Benjamín Netanhayu considera, sin embargo, que no valdría la pena establecer una comisión si ésta no cuenta con el pleno respaldo y la participación de Estados Unidos. Y no habrá investigación sin el beneplácito de Barack Obama.

Netanyahu y el resto del grupo de los siete, que conforma el núcleo del Gobierno, están dispuestos a aceptar que un observador estadounidense y otro de una nacionalidad no determinada supervisen el trabajo de un grupo de juristas israelíes, y que se pueda someter a examen el conjunto de la política de bloqueo. Pero descartan de forma rotunda cualquier participación de la ONU, un organismo que el Gobierno israelí considera sesgado a favor del mundo árabe.

Desde el punto de vista de la política interna, a Netanyahu no le hace falta ninguna comisión. El lunes superó con comodidad una moción de censura presentada en el Parlamento por la jefa de la oposición, Tzipi Livni, y obtuvo del propio Parlamento un plazo de una semana para estudiar qué tipo de análisis debe hacerse sobre la violenta intervención militar sobre la flotilla, y muy en especial sobre la nave turca Mavi Mármara, en la que se registraron nueve activistas muertos y una veintena de heridos.

El ministro de Defensa, el laborista Ehud Barak, ya ha abierto por su cuenta una investigación interna con objetivos muy limitados. La misión de esa investigación, dirigida por el general en la reserva Giora Eiland, consiste tan sólo en comprobar si hubo fallos operativos en el asalto para evitar que se repitan en futuras operaciones similares. Se trata, por tanto, de mejorar los mecanismos de planificación y la eficacia de los comandos en los asaltos marítimos. Ni siquiera se interrogará a los militares que participaron en el asalto a la flotilla. Los resultados estarán listos a primeros de julio.

A falta de una decisión final sobre la comisión amparada por Washington, resultaría extraño, aunque nada es imposible, que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas dieran por buena su propia actuación. El viceprimer ministro, Moshe Yaalon, ha admitido durante una reunión con dirigentes de su partido, el Likud, que la operación militar había sido un fracaso. "Alguien falló en la preparación", ha dicho, aunque ha asegurado que la decisión de interceptar la flotilla para evitar que llegara a Gaza y rompiera el bloqueo había sido "correcta".

Acoso a los diputados árabes-israelíes

La erosión de las relaciones entre la minoría árabe-israelí y la mayoría judía del país se ha convertido en la enésima víctima colateral del mortífero ataque del Ejército a la flotilla de la libertad. Ambas comunidades, que hace años se dan la espalda, corren ahora el riesgo de perder uno de los escasos espacios de cierta convivencia: el Parlamento israelí. Allí, la brecha entre diputados judíos y árabes se ha dilatado en los últimos días a raíz de la participación de Hanin Zoabi junto a otros árabes-israelíes en el convoy humanitario. A la pelea —física— de la semana pasada en el hemiciclo le siguió ayer una encendida sesión que culminó con la recomendación de retirar parte de los privilegios parlamentarios a Zoabi. Así lo aprobó ayer una comisión de la Knesset, que acusa a la diputada de la izquierda nacionalista árabe de "traición". El derecho a salir de Israel en cualquier momento y la pérdida del pasaporte diplomático son algunos de los privilegios que ahora penden de un hilo para Zoabi.

Mientras que los cerca de 700 activistas de la flotilla han sido enviados a sus países y puestos en libertad sin cargos, Zoabi debe enfrentarse a una investigación criminal, según informó la comisión de la Knesset.

"La lealtad [al Estado de Israel] es primordial para nuestro partido. Esa mujer representa a organizaciones terroristas", indicó ayer a este diario Anastasia Michaeli, en su despacho de la Knesset. Michaeli, que no dispone de prueba alguna de sus acusaciones, fue la diputada de ultraderecha que el pasado miércoles se tiró al cuello de Zoabi.

"[Las iniciativas en contra de Zoabi] reflejan una tendencia cuyo objetivo es silenciar a los árabes", sostenía ayer en su editorial el diario Haaretz. Los árabes-israelíes, que suman el 20% de la población, denuncian un trato discriminatorio.

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