El aumento de ayuda militar estadounidense divide a Costa Rica

El Congreso costarricense permite la llegada a su territorio de 7.000 soldados, naves de guerra y un portaviones de EE UU para luchar contra el narcotráfico

Costa Rica ha debido permitirse una excepción en su discurso por el desarme mundial. La apremiante expansión del narcotráfico por mares y tierras en la cintura del continente americano ha sido el argumento para abrir las puertas a equipos y tropas de Estados Unidos. El Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques artilleros, 200 helicópteros, 10 aviones, un portaviones y 7.000 soldados estadounidenses. La noticia tardó minutos en difundirse por toda Latinoamérica, una región donde muchos miran con recelo cualquier despliegue del poder militar de Washington. Este pequeño país centroamericano carece de Ejército desde 1948 y no pierde oportunidad en proclamarlo. Pero el narcotráfico amenaza su imagen de un país tradicionalmente pacífico, enclavado en una región violenta, pero que ahora no ha conseguido controlar el paso de las mafias por su territorio.

Los congresistas costarricenses aceptaron la ayuda militar estadounidense, aunque el convenio lleva 11 años funcionando. La polémica ha surgido ahora porque los barcos son controladas por la Armada, y no por la Guardia Costera de Estados Unidos. La capacidad de los buques y la cantidad de tropas autorizadas ha causado tal revuelo que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, debió aclarar que el país no se está militarizando y que las operaciones serían solo de apoyo, sin intenciones bélicas.

Las fuerzas militares, aprobadas con el apoyo de los diputados afines a la presidenta Chinchilla, superan las aprobadas en otros años. El permiso militar incluye hasta un portaviones de 258 metros de eslora, con capacidad para transportar a 1.500 marines que desembarcarán uniformados y permanecerán en el país centroamericano desde este mes hasta diciembre. "Me muero del miedo de pensar que puedo subir al bus y tenga que sentarme al lado de un soldado de Estados Unidos, con traje de fatiga y arma de guerra", dijo un joven universitario en uno de los foros que se han creado por decenas en Internet en protesta por la llegada de tropas estadounidenses.

Recelo internacional

Pero el mayor impacto trasciende las fronteras de Costa Rica. La oposición costarricense impugnó ante la Corte Constitucional el permiso otorgado. El recurso fue presentado por el diputado y ex candidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, de centro derecha), Luis Fishman. "La magnitud de la fuerza autorizada, su capacidad destructiva, la amplitud del plazo del permiso y la condescendencia para que entren y salgan de puerto prácticamente de forma irrestricta, hacen que su sola presencia, aun en el caso que efectivamente se dediquen exclusivamente a las actividades enunciadas, se constituya en un factor de posicionamiento geopolítico con implicaciones claras, si no bélicas, al menos logístico-castrenses", afirma la propuesta.

"Bases militares". Letras más o letras menos, el permiso concedido ha sido interpretado así por el bloque bolivariano de América Latina, según han opinado medios como Prensa Latina o Mercosur, identificados con el Gobierno de Hugo Chávez. El pretexto "es combatir el narcotráfico, pero todos sabemos que con esta flota lo que se pretende son acciones desestabilizadoras en toda la región de Centroamérica y el Caribe, e incluso América del Sur", advirtió Édgar Morales, dirigente de uno de los principales sindicatos de Costa Rica, en la página oficial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creada en 2004 por Chávez.

El Gobierno de Costa Rica, no obstante, evita la palabra "militarización". Aun cuando el ministro de Seguridad, José María Tijerino, reconoció ante la prensa el aumento de la capacidad bélica en las naves y en la cantidad de soldados aprobados. Pese a ello, Tijerino insistió en que la ayuda aprobada servirá sólo en apoyo a la Guardia Costera costarricense y que no supliría las funciones de la policía del país centroamericano. Su mayor argumento es que las fuerzas de seguridad costarricenses no pueden evitar que el narcotráfico utilice sus mares para trasladar droga a Estados Unidos, el principal consumidor del mundo.

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