Tribuna:

Laberintos de cristal

MICHELLE BACHELET 22 JUL 2010 - 19:04 CET

La bandera de la igualdad ha sido para mi y para millones la principal causa para enrolarnos en las filas de la política activa. Llegamos a ella para cambiar el orden natural de las cosas; aquel orden donde la desigualdad ocupa -y sigue ocupando, lamentablemente- un lugar tan preponderante. Aquel orden donde el más grande arrasa con el más chico. Donde se perpetúan en el tiempo divisiones sociales, étnicas o geográficas. Donde vastos sectores de la comunidad, como las mujeres, son sometidos a arbitrarias diferenciaciones.

La desigualdad acompaña muy especialmente a los latinoamericanos, donde las segregaciones de todo tipo son más fuertes que en otras latitudes. Son décadas y décadas de lucha contra esta verdadera vena abierta que posee nuestra tierra. Resulta triste revisar las crónicas de hace cien años, las crónicas del primer centenario, cuando historiadores y políticos de la época ya hablaban de la pobreza, de la insalubridad y de la enorme desigualdad que aquejaban a aquellas jóvenes naciones. Sin embargo, resulta esperanzador ver cómo en algunas áreas de política se ven avances. A los primeros esfuerzos en materia de salud y nutrición infantil, en materia de consolidación institucional, de igualdad ante la ley, en materia de cobertura escolar, entre otras, comienzan a sumarse hoy mayores resultados en materia territorial, en materia indígena, en los temas de la mujer, por nombrar sólo algunas.

Por eso me complace revisar volúmenes como este Informe Regional sobre Desarrollo Humano: actuar sobre el Futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Porque en el fondo, lo que en él se señala es que con adecuadas políticas y fuertes compromisos, se puede efectivamente romper este círculo y avanzar en justicia social.

Son numerosos los países de América Latina donde hemos avanzado. Hasta antes de la crisis financiera internacional, la región fue capaz de sacar de la pobreza a decenas de millones de conciudadanos en poco más de un lustro. Y más aún, ahora que comienzan a aparecer las primeras mediciones post-crisis, vemos que si bien ésta tuvo un efecto negativo en los más vulnerables de la región, este efecto fue significativamente menor a lo que ocurría en el pasado, cuando cada crisis económica arrojaba a la miseria a millones de latinoamericanos.

Así lo hemos visto ocurrir en mi país, Chile, donde las últimas mediciones muestran una leve alza en la tasa de pobreza (1,4%) para el período 2006-2009, básicamente debido a la combinación entre mayor desempleo producto de la crisis financiera y una extraordinaria alza en los precios de los alimentos, lo que hizo subir la vara con que se mide la pobreza. Con todo, al analizar las cifras uno se da cuenta del enorme efecto que han tenido las políticas de protección social y cómo éstas evitaron lo que pudo haber sido una catástrofe humana. Los chilenos tenemos muy en mente lo que ocurrió en los años 80, cuando la dogmática neoliberal manejaba la economía, la cesantía superaba el 30% y la pobreza llegó a afectar al 45% de la población.

Pero hay algo más en las cifras recientes de mi país: vemos cómo la desigualdad mantiene la trayectoria descendente que inició a mediados de la década; es decir, poco a poco el país comienza a hacerse más igual gracias a las políticas públicas que se han ido implementando en las últimas dos décadas.

Sabemos también que la desigualdad se juega más allá de las cifras. Hay una serie de aspectos simbólicos y normativos que se deben remover. Hace poco, el Informe de Desarrollo Humano en Chile hablaba de aquellos laberintos de cristal que tenían que enfrentar las mujeres en el país en su camino vital. Laberintos que ofrecen salidas para algunas afortunadas, pero que en muchos casos significan que la mujer -como puede ser cualquier otro grupo discriminado- vea postergadas sus posibilidades de desarrollo. Entonces, romper los círculos de desigualdad y romper la transmisión de generación en generación de ella, pasa por asumir dicha realidad. Los avances de los últimos años en materia de reconocimiento y derechos de diversos sectores a veces muestran la otra cara, la de los límites sociales, la de las resistencias en los valores, y las prácticas individuales e institucionales que hace que millones de latinoamericanos sigan atrapados en aquellos laberintos de cristal. Es por ello que la difusión de aquella realidad -como hace este Informe- y el compromiso político de todos los sectores se hace tan relevante.

La realidad nos demanda respuestas integrales y reclama el necesario papel del Estado como garante en el desarrollo de la justicia social y de la titularidad de los derechos, potenciando el desarrollo de la economía y de la democracia para la construcción de una sociedad más igualitaria.

Se requiere de un nuevo papel del Estado, del mercado y las familias en el cuidado de las personas, incluyendo la corresponsabilidad social. Nuevas formas de organización cotidiana, y de los entes públicos y del sector privado, que deben ser orientados con el aporte de las políticas públicas. Pero más que nada, se requiere potenciar las aspiraciones de niños y niñas, de madres y padres -como plantea este Informe- para que la igualdad sea una realidad.

Michelle Bachelet es ex presidenta de Chile

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