Nuevas querellas por crímenes de guerra contra Israel
Abogados de 11 países presentan en Marruecos otra denuncia por la matanza de 1.300 palestinos en Gaza
La cascada de querellas por crímenes de guerra contra Israel por la Operación Plomo Fundido continúa. El pasado 12 de julio el letrado Khalid Soufani presentó una querella ante el procurador General de Rabat contra contra Ehud Olmert, ex primer ministro, Tzipi Livni, antigua ministra de Asuntos Exteriores, y Ehud Barak, ministro de Defensa, por la muerte de la ciudadana marroquí Rkiya Radi Abudnaya, fallecida en Gaza tras los bombardeos ininterrumpidos que el Ejército israelí protagonizó durante 22 días seguidos y concluyó el 18 de enero de 2009 en respuesta al lanzamiento de cohetes contra su territorio. Murieron 1.387 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños.
La querella relata como la víctima, casada con un palestino, se encontraba asomada al balcón de su casa en Gaza cuando una bomba israelí destruyó el edificio y acabó con su vida y la de otros familiares. "La victima es marroquí y la Justicia de Marruecos está obligada a estudiar el caso y perseguir a los culpables en cualquier parte del mundo. Si no lo hacen cometerán un delito por no perseguir un crimen de guerra", asegura el abogado Khalid Soufani, en una conversación telefónica.
Junto a Soufani firman la querella los abogados marroquíes Abderrajin Hamai, Abderrajman Benameour, Mustafá Ramid, la francesa Lilian Glock y el norteamericano Stanley Coen, todos ellos forman parte del grupo de abogados de 11 países que el pasado mes de junio iniciaron una campaña judicial contra Israel por las víctimas de la Operación Plomo Fundido.
Presentarán siete querellas en distintos países: la primera se admitió a trámite en Bruselas, la segunda en Rabat y la tercera, previsiblemente en Madrid, la prepara el abogado Jacinto Gil Ujena. Los abogados han mantenido reuniones en Beirut y Bruselas para coordinar su ofensiva, según reconoce el letrado español. Todas las querellas se amparan en el artículo 146 de la Convención General de Ginebra y el protocolo adicional 1 que regula protección a personas y bienes en casos de conflicto armado.
