El debate sobre la legalización de las drogas enfrenta a presidente y ex presidente en México

Calderón rechaza una propuesta de Fox de despenalizar las sustancias ilegales porque podría elevar el consumo entre los jóvenes

El debate sobre la legalización del consumo de estupefacientes sigue ganando difusión en México. El presidente de México, Felipe Calderón, rechazó el lunes la propuesta del ex dirigente Vicente Fox (2000-2006) de legalizar las drogas.

El argumento de Calderón es que teme que la medida incremente el consumo entre los jóvenes del país.

"Yo no estoy de acuerdo con la legalización. No estoy de acuerdo porque si uno analiza, uno debe poner en la balance ese debate, las ventajas y las desventajas de una medida como ésa", dijo Calderón en una entrevista concedida a la emisora colombiana Caracol Radio.

El mandatario explicó que, a pesar de que la legalización del comercio de drogas contribuiría a rebajar los índices de violencia del país, esta decisión podría alentar también su consumo entre los jóvenes, pasando de un problema de seguridad a uno de salud pública.

"Si se legalizan, el precio tan alto que tienen las drogas en el mercado negro se reduciría y eso reduciría la capacidad financiera de los criminales, puede ser cierto, pero liberar totalmente el mercado de drogas, incluso la propia reducción de su precio, son dos factores que van a impulsar a millones de jóvenes a consumir", discurrió.

El plan de Fox

Las declaraciones de Calderón son una respuesta al plan para la legalización de las drogas presentado por su predecesor en la presidencia, Vicente Fox.

Fox propuso en su blog un plan para legalizar la producción, venta y distribución de drogas como forma de acabar con la violencia asociada al narcotráfico.

Fox propone en su plan que los militares vuelvan a los cuarteles -en oposición a la actual estrategia de Calderón, cimentada en el apoyo e incluso la sustitución de la Policía por parte de las Fuerzas Armadas-, que se unifique la multitud de cuerpos policiales que existen en el país en una sola Policía, y que los jefes y mandos sean elegidos en votación pública por los ciudadanos, informa el diario 'El Universal'.

Un debate cada vez más vivo

El plan de Fox se ha dado a conocer en un momento en que existe una controversia creciente en México acerca de si la legalización de las drogas es el único remedio para frenar la criminalidad. El debate no pasa en realidad de ser más que declaraciones aisladas de políticos, legisladores, periodistas y ONG. Se inició el pasado 3 de agosto, cuando el presidente de México, Felipe Calderón, dijo en un foro sobre seguridad que está en contra de la legalización de las drogas pero no se opone a su debate. Sin embargo, Calderón sigue apostando por combatir el narcotráfico por vía exclusivamente policial, cada vez más discutida por la cantidad de muertos que está entrañando (28.000 desde la llegada de Calderón al poder en 2006). Por eso señala la falta de eficacia de la estructura de seguridad del país como una de las variables que más influyen en el auge del crimen organizado. "El sistema federal mexicano es tan federal que si sé que hay un policía que está con los criminales y no tengo la evidencia judicial, simplemente no puedo removerlo", indicó.

En consecuencia, Calderón manifestó su intención de emprender una reforma de la policía para la creación de un cuerpo intermedio entre los agentes estatales y los federales que permita coordinar sus actuaciones y cohesionar la estrategia de seguridad nacional. Mientras tanto, los medios de comunicación locales se han ido dedicando a registrar declaraciones sobre el asunto de todos los personajes relevantes de la vida pública.

Por ejemplo, las asociaciones civiles Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y el Movimiento Blanco afirmaron el lunes en un comunicado conjunto que la legalización de las drogas es una "cortina de humo", "equivocada porque se basa en una profunda incomprensión del problema que vive México y en eludir su causa central, que no es otra que la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado", argumentaron las dos organizaciones ciudadanas.

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