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Rousseff recupera a dos excargos de Lula imputados por corrupción

José Genoino y João Paulo Cunha dimitieron por un escándalo de compra de votos en 2005

Dos ex altos cargos de los Gobiernos de Lula da Silva que tuvieron que dimitir por un escándalo de corrupción y actualmente se enfrentan a un proceso en el tribunal Supremo de Brasil, han sido sorprendentemente recuperados por la presidenta Dilma Rousseff para desempeñar importantes responsabilidades en su Gobierno.

José Genoino, ex guerrillero como la presidenta Dilma Rousseff durante la dictadura militar, era presidente del Partido de los Trabajadores (PT), en el momento del escándalo que le obligó a dimitir junto con toda la cúpula del partido en 2005, acusados de formar parte de una trama de compra de votos de diputados para aprobar algunas leyes. Genoino, ha sido nombrado asesor especial del Ministro de Defensa, Nelson Jobim, para sorpresa e indignación de parte de la sociedad brasileña.

El expresidente del PT será ahora asesor del ministro de Defensa
El Supremo debe dictar sentencia este año sobre la compra de votos

Además, la semana pasada, el diputado y expresidente del Congreso João Paulo Cunha, uno de los 38 procesados junto a Genoino ante el Supremo Tribunal Federal fue designado Presidente de la Comisión de Justicia y Constitución del Congreso. El tribunal debe emitir sentencia definitiva en el caso de Genoino y Cunha este año.

Precisamente ayer el magistrado del Supremo Joaquin Barbosa, relator del famoso escándalo de corrupción, pidió a Hacienda copia de la última declaración de renta de los 38 procesados en previsión de posibles multas. También la fiscalía ha pedido acceso a los antecedentes penales de los procesados.

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Genoino, que como presidente del PT fue en aquel momento considerado el mayor responsable, intentó entonces en vano demostrar que se había tratado sólo de una "financiación ilegal del partido". El Supremo, después de varios años de investigación en los que fueron escuchados los 38 reos y miles de testigos, tiene que emitir sentencia este año para que no prescriban los cargos.

Lula, a quien la oposición en el momento del escándalo no quiso pedirle el cargo por miedo a que el popular y ex sindicalista presidente pudiera sacar a la calle a los movimientos sociales en su defensa, nunca aceptó que él estuviera al corriente de lo que organizaba su entonces Ministro de la Casa Civil, José Dirceu, que acabó dejando el Gobierno y perdió su escaño en el Parlamento. Ahora, su deseo es demostrar que fue todo un montaje de la oposición que no aceptaba a un ex tornero sin estudios como Lula en la Presidencia.

De ahí que los hoy acusados ante el Supremo, en espera de sentencia, hayan ido ubicándose de nuevo incluso en la dirección del Partido. Algunos, como Genoino y Cunha consiguieron incluso ser elegidos diputados y ahora vuelven también a ocupar puestos importantes en el Gobierno y en el Congreso.

La oposición considera estos movimientos como una presión ante el Supremo para lograr la absolución, lo que sería interpretado como la demostración de que nunca existió lo que ha llegado a ser considerado el mayor episodio de corrupción política de la democracia en Brasil.

Los ojos de la clase política y especialmente de la oposición están puestos en el veredicto final del Supremo. También los de la opinión pública que, dado el gran carisma de Lula y su fuerte simpatía popular, se vio entonces inclinada a creerle cuando emocionado ante las cámaras de televisión confesó que él no se había enterado de nada y acusó a la cúpula de haberle traicionado.

La pregunta que se hacen los analistas políticos, es si Lula, fuera ya de la Presidencia y del poder, tendrá aún la fuerza suficiente para condicionar el juicio definitivo e inapelable de los magistrados del Supremo. Su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, nunca estuvo involucrada en aquel escándalo. Más aún, fue la sucesora de Dirceu en el importante ministerio de la Casa Civil, cuyo titular era considerado entonces una especie de primer ministro del Presidente.

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