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El fiasco de las pruebas de la CIA

EE UU critica el uso en España de su información reservada contra Al Qaeda

Un militar italiano, ante la base destrozada por el ataque del terrorista suicida Belgacem Bellil. AP

El CD Rom facilitado por Microsoft Corporation a la CIA con los correos electrónicos de varios sospechosos de enviar desde España suicidas a Irak contenía información explosiva, pero en los tribunales españoles no sirvió de nada. EE UU y España buscan nuevas vías para utilizar contra Al Qaeda la información de inteligencia que proporciona la CIA y que hasta ahora ha resultado un fracaso en varios de los principales juicios contra células yihadistas cuyos principales miembros han sido puestos en libertad, según revelan cables confidenciales del Departamento de Estado a los que ha tenido acceso El PAÍS.

Asesores del Departamento de Justicia norteamericano echan la culpa del fiasco a los jueces españoles y en sus análisis internos aseguran que utilizaron mal la información de inteligencia que les proporcionaron a través de Microsoft Corporation contra los miembros de la red Tigris o los de la Operación Chacal / Camaleón acusados de ayudar a huir a autores del 11-M o enviar suicidas a Irak.

Durante una reunión con fiscales de la Audiencia Nacional Todd Hinnen, asistente del fiscal general norteamericano, recomendó que no construyan sus casos sobre la idea preconcebida de que la información de inteligencia que les faciliten, mensajes de correo electrónico o conversaciones telefónicas valdrá como prueba en el juicio. Hinnen dio otras dos recomendaciones a la fiscal Dolores Delgado, coordinadora de la lucha yihadista en la Audiencia Nacional, según recoge un cable confidencial fechado en enero de 2010. La primera, comunicar con el Gobierno de EE UU tan pronto como sea posible y establecer que puede ser usado en el juicio; la segunda, de acuerdo con lo que establece la ley USA Patriot Act, determinar rápido como proteger la información y si va a ser empleada ante un tribunal. Según esta ley, creada tras el 11-S en 2001, las investigaciones sobre Al Qaeda en EE UU no requieren de ninguna clase de control judicial para preservar la seguridad nacional, algo que sería imposible en Europa.

La Operación Tigris fue una de las investigaciones policiales más importantes contra las células salafistas desde el 11-M, pero se vino abajo porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló las pruebas aportadas por EE UU al juez y absolvió a 10 de los 14 presuntos yihadistas acusados de ayudar a huir a varios miembros de la célula que perpetró el 11-M.

Casi todo el caso estaba construido sobre los mensajes de correo electrónico en cuentas de Hotmail intervenidos a los detenidos por tres vías diferentes. La policía española pidió a Microsoft España sus comunicaciones y las obtuvo, consiguiendo a su vez numerosos teléfonos, cuentas bancarias e identidades de otros miembros de la red; la CIA investigaba también a los sospechosos porque enviaban combatientes a Irak para unirse a la insurgencia; Microsoft Corporation facilitó más información desde sus bases de datos centrales en EE UU contestando a una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) del juez Baltasar Garzón que investigaba el caso. Esta compañía es la suministradora del servicio MSN Hotmail en todo el mundo sin importar donde se encuentre el usuario.

La Sala de lo Penal anuló estas pruebas claves ya que Garzón no dictó un auto motivado sobre la necesidad de estas intervenciones que violaban el secreto de las comunicaciones de personas que se encontraban en España y destacó que la ley debe ser la misma que rige para las intervenciones postales y telefónicas. "No son solo ilegales, sino también contrarias a la Constitución...La circunstancia de que la información que se quiera obtener se encuentre ocasionalmente almacenada o ubicada en el extranjero no debe exonerar al juez español de sus obligaciones jurisdiccionales en relación con la restricción de los derechos fundamentales de personas que se encuentran bajo su jurisdicción", señala el fallo.

En el caso Chacal / Camaleón la aportación de la CIA fue la declaración de Abu Omar Alkourdi, responsable operativo de la red de Al Zarqawi, obtenidas en la cárcel de Abu Ghraib y en la de Camp Cropper, en Bagdad, pero el tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez las consideró "espacio de no derecho, al margen de la legalidad internacional". Los Sin Vicio de Occidente, miembros de esta célula establecida en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), ayudaron a huir a Mohamed Belhad, un supuesto autor del 11-M, y enviaron a Irak a Bellil Belgacem, un suicida que al volante de un camión bomba asesinó a 28 personas en un cuartel italiano en Nasiriya.

"Lección aprendida", así resumió Dolores Delgado, la fiscal encargada de la lucha contra el terrorismo islamista en la Audiencia Nacional, sus "agridulces" experiencias en los juicios contra miembros de Al Qaeda en los que empleó información de inteligencia facilitada por EE UU, según describe un cable confidencial de la embajada fechado el 25 de enero de 2010. Durante una reunión de expertos hispano-norteamericanos Delgado destacó su "frustración" por el fracaso de esa información en los juicios antes mencionados y lamentó que las declaraciones del responsable operativo de Al Qaeda en Irak fueron aceptadas por la Corte italiana y "radicalmente rechazadas en España".

Uno de los magistrados que dictó el falló hace esta reflexión: "Esta sentencia abordó un caso novedoso del que no había jurisprudencia. Debe servir de guia para situaciones futuras".

La fiscal Delgado enfatizó a los norteamericanos que el camino por el cual el Gobierno español recibe la información de la CIA "es vital desde un punto de vista legal" y Javier Zaragoza, el fiscal jefe, reclamó establecer un canal apropiado para recabar la información de inteligencia. Durante el encuentro Delgado recordó a la delegación norteamericana como el Tribunal Supremo absolvió a Hamed Abderramán y a Lahcen Ikasrrien, presos en Guantánamo, al anular sus declaraciones obtenidas en la cárcel norteamericana.

Los cables secretos de la embajada achacan al Gobierno español y a sus jueces, el supuesto mal uso de la información que proporciona la CIA al Gobierno español. Una nota fechada en marzo de 2009, asegura que el consejero legal sugirió que el error en el uso de la información de inteligencia que dio al traste en los tribunales con la Operación Tigris "es un ejemplo de la carencia de atención en la investigación por la que es conocido el juez Baltasar Garzón".