Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El metro de San Francisco anula el acceso a telefonía móvil e internet para impedir protestas

Las restricciones han iniciado un debate sobre la libertad de expresión y los derechos civiles en Estados Unidos

Las autoridades del metro de San Francisco se vieron obligadas a cerrar ayer varias estaciones de metro por una protesta ciudadana. Se trata de la tercera manifestación en los andenes este verano, desencadenadas por la muerte de un ciudadano de 45 años por el disparo de un policía. Los eventos han desembocado en un debate sobre la libertad de expresión desde que las autoridades anularan la cobertura de teléfonos móviles para impedir que se extendieran las manifestaciones.

Todo empezó hace un mes. Según las autoridades, Charles Blair Hill se acercó a un agente de amenazándole con un cuchillo. La policía del metro respondió con disparos. Un grupo de ciudadanos, en protesta contra la acción policial, impidieron que un tren abandonara la estación el día 11 de julio. Las autoridades no pudieron controlar la protesta y llegaron a temer por la seguridad de los pasajeros, que no podían abandonar los trenes ni el andén.

"Algunos manifestantes invadieron un tren, golpeando las ventanas y asustando a los pasajeros. Otros gritaban y se enfrentaban a los empleados de sistema de transporte BART que intentaban controlarles", informó entonces el diario San Francisco Chronicle.

La semana pasada, otro grupo repitió la convocatoria en varias estaciones de metro, pero esta vez la respuesta de las autoridades fue diferente. Optaron por anular el servicio de teléfonos móviles y de internet en el sistema de metro para que no circulara la información sobre la convocatoria. Ayer terminaron cerrando cuatro estaciones en plena hora punta. Las medidas han despertado todo tipo de críticas por parte de grupos en defensa de las libertades civiles.

El grupo de ciberactivistas Anonymous condenó la actuación policial con un ataque a la página web oficial de BART y publicando la información de contacto de más de 2.000 clientes. Por su parte, la organización por la defensa de las libertades civiles en el ámbito de internet y la tecnología Electronic Frontier Foundation acusó a las autoridades de 'copiar' a Hosni Mubarak. El dictador egipcio bloqueó el acceso a internet en todo el país el pasado mes de febrero para detener el avance de las protestas que le obligarían después a dimitir.

"Lo ocurrido en San Francisco puede recordar a la situación en Egipto, pero la comparación es un poco exagerada. Nos diferencia nuestra libertad de expresión, que existe precisamente para exigir responsabilidades a la policía por lo que ha hecho, a diferencia de otros países", comenta Gene Policinski, vicepresidente del Centro por la Primera Enmienda, una organización dedicada al estudio de las libertades civiles.

Los eventos en San Francisco la semana pasada coincidieron con los últimos coletazos de los incidentes en Londres, donde las autoridades ya han detenido a más de 1.400 personas implicadas en los altercados. Muchos de ellos se organizaron a través del servicio de mensajes instantáneos de sus BlackBerry. El primer ministro, David Cameron, que reaccionó primero con críticas a la actuación de la policía, admitió después que consideraron bloquear el acceso a las redes sociales a través de teléfonos móviles para impedir que circularan detalles sobre la localización de las protestas.

"Sería una equivocación. ¿Quién dice qué contenido debe ser censurado y en qué plataformas? ¿En mi ordenador? ¿Mi teléfono? ¿Mi calle?", planteó entonces el experto Jeff Jarvis. En el caso de Estados Unidos, todavía está por determinar si BART, la autoridad del metro de San Francisco, puede cancelar el servicio de telefonía móvil en varias estaciones.

"Lo ocurrido plantea duras muy serias sobre la posibilidad de retirar los servicios que ella misma proporciona, de manera unilateral", comenta Policinski. "Estados Unidos destaca por la libertad de expresión recogida en la Primera Enmienda de la Constitución. El gobierno solo puede tocarla en ocasiones muy limitadas y una de ellas es la seguridad pública". Según el experto, en caso de llegar a los tribunales, BART podría alegar que tomó esta decisión para proteger la seguridad de los pasajeros, en un momento y en un lugar muy concreto. "También tendría que demostrar que existía un peligro inminente y para eso necesitas pruebas, no puedes cancelar las comunicaciones porque crees que a lo mejor va a pasar algo".

"Me sorprende que no pensaran en las implicaciones de una decisión así", comentó Lynette Sweet, una de las gerentes de BART, a la agencia AP. "No tenemos derecho a este tipo de censura. En mi opinión, hemos dejado que las acciones de unas cuantas personas afecten a todo el mundo. Y eso no es justo". Los portavoces de la autoridad de transporte defienden que el grupo que hizo la convocatoria anunciaba en su página web que estaba dispuesto a infringir las leyes, y era su responsabilidad impedirlo.

Otra de las críticas de los ciudadanos contra las autoridades radica en que se violó su derecho de reunión, que también está recogido en la Primera Enmienda. Al no dejarles comunicarse entre sí, la policía podría estar impidiendo que ocurriera una manifestación que ni siquiera había empezado.

"Este derecho forma parte de nuestra historia y nuestra cultura desde antes de que se redactara la Constitución. Por eso no podemos tomarnos a la ligera lo que ha ocurrido en San Francisco. Por puntual que sean las manifestaciones, estamos hablando de los derechos básicos de los ciudadanos y merece toda la atención que se le está prestando", comenta Policinski.

"Impedir el uso de teléfonos móviles e internet es la respuesta equivocada, ya sea al otro lado del mundo o aquí, en San Francisco", protestó en un comunicado la Unión Americana por los Derechos Civiles.

Algunas organizaciones han equiparado la decisión de BART con el cierre de las imprentas como método de censura. Policinski coincide en que es fácil establecer un paralelismo entre la situación actual y hace cien años, cuando todavía no disponíamos de teléfonos móviles. "Si entonces queríamos difundir información sobre una propuesta, había que imprimir panfletos, y el cierre de las imprentas sí se puede comparar con la anulación de la red telefónica. Ahora todo es más inmediato y puede que eso pusiera nerviosa a la policía, pero son las autoridades las que tienen que adaptarse, no nuestras libertades".