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El escándalo de Madres de Plaza de Mayo llega al Parlamento argentino

El exapoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, de 53 años, dimitió el pasado 28 de mayo después de que la oposición solicitara una investigación sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos

El escándalo del posible desvío de fondos de la Fundación Madres de la Plaza de Mayo llegó hoy al Congreso argentino con la polémica comparecencia ante dos comisiones de trabajo de uno de los principales imputados en el caso, el exapoderado Sergio Schoklender, de 53 años. El hombre al que su antigua protectora, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acusa de haberla engañado y estafado, declaró a puerta cerrada, "para no interferir con los trabajos de la Justicia", según declaró uno de los responsables de la oposición. Sin embargo, trascendió que intentó esparcir responsabilidades e implicar, entre otros, al actual secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, José Francisco López, al que acusa de recibir sobornos.

Schoklender no ha sido todavía procesado por ninguno de los variados delitos de los que se le ha acusado públicamente, aunque ha comparecido como imputado en varias ocasiones ante el juez que abrió la investigación, a raíz de las primeras revelaciones sobre el caso, el pasado mes de junio.

En las últimas semanas, el exapoderado ha hecho una especie de "gira" por gran número de programas de radio y televisión para defender su versión de los hechos y negar que sea responsable de lo ocurrido. Schoklender asegura que la presidenta de la fundación tenía puntual conocimiento del funcionamiento de la promotora de viviendas Sueños Compartidos, en la que, supuestamente, se llevaron a cabo las operaciones ilícitas, y que algunos fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se desviaron para financiar afiches y propaganda a favor de algunos políticos kirchneristas, sobre todo del actual ministro de Economía, Amado Boudou. Igualmente levanta sospechas sobre el uso de una cuenta corriente que la Fundación mantuvo abierta hasta hace poco en la Caja de Asturias, de España, que oficialmente sirvió para recoger donaciones del extranjero pero que llegó a manejar cifras millonarias. Sin embargo, el principal sospechoso del caso no ha presentado hasta el momento ninguna prueba que sostenga esas acusaciones.

Los portavoces de los grupos de la oposición que le han convocado ayer al Congreso esperaban precisamente que ésta fuera la ocasión para que el parlanchín gestor mostrara algunos documentos que avalen sus teorías. "Ha traído algunas fotocopias de contratos y escrituras de propiedad y dos CDs", explicó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, en un descanso, aunque sin precisar los contenidos.

La presencia de Schoklender en el Congreso ha sido objeto de una fuerte polémica porque se trata de un posible delincuente, que está siendo investigado por la Justicia. El grupo parlamentario kirchnerista expresó su malestar no acudiendo a las comisiones. Los diputados socialistas se mostraron también en desacuerdo con llevar al Congreso un tema sometido a secreto sumarial y su disgusto por servir de cámara de resonancia para las acusaciones de alguien que está intentando esparcir culpas y atar su suerte a la de la fundación y sus máximos responsables. Los socialistas, que pese a todo estuvieron presentes en la sesión parlamentaria, mantienen que el Congreso debería centrarse en pedir la comparecencia de funcionarios públicos que deberían haber controlado el dinero público destinado a Sueños Compartidos y a otras actividades de la fundación y en seguir la pista al posible uso del dinero para fines políticos partidistas.

El prestigio de Madres de Plaza de Mayo (no confundir con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo) sufrió un fuerte golpe con el escándalo y no ha conseguido hasta ahora explicar cómo fue posible que Sergio Schoklender, un personaje muy peculiar (que cumplió condena en su día por el asesinato de sus padres) creara un entramado paralelo que manejaba buena parte de los fondos, sin que su presidenta ejecutiva, Hebe de Bonafini, ni ningún otro miembro de la dirección de la fundación se percatara de ello. Bonafini, defensora acérrima de los Kirchner, se justifica asegurando que ha sido víctima de un engaño.