Evo Morales vive su peor crisis política desde que llegó al poder en Bolivia

Tras la dimisión de dos ministros, decenas de manifestaciones exigen más cambios en el Gobierno

MABEL AZCUI | Cochabamba 28 SEP 2011 - 21:47 CET

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El Gobierno de Evo Morales afronta la peor crisis política y social desde que accediera a la presidencia de Bolivia, hace seis años. Pese al reajuste de su Gabinete no solo no ha logrado apaciguar el descontento ciudadano sino que ha visto aumentar el grado de desconfianza sobre su respeto por la democracia y su capacidad de gestión para solucionar un conflicto que, de una protesta local, ha pasado a ser una cuestión nacional después de la violenta represión policial contra una manifestación indígena.

La poderosa Central Obrera Boliviana (COB) ha convocado hoy una huelga con carácter inmediato que consiguió paralizar en gran parte el país y alterar la vida cotidiana con manifestaciones callejeras y bloqueos en los puntos estratégicos de circulación en la mayor parte de las ciudades bolivianas. A la protesta se sumaron las universidades, las juntas vecinales -muchas de ellas de El Alto a pesar de ser un bastión del partido gobernante-, y los comités cívicos y entidades civiles de los nueve departamentos del país.

Morales ha visto aumentar el grado de desconfianza sobre su respeto por la democracia

Al mismo tiempo en el departamento de Santa Cruz, el más grande de Bolivia y el que presenta un mayor grado de oposición a Morales, se mantenía por tercer día consecutivo una huelga de hambre, solidaria con los indígenas. Aun cuando las actividades escolares se suspendieron, las oficinas del Estado cumplieron con relativa normalidad sus actividades.

Todos los convocantes expresaban su apoyo a los habitantes del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y, manifestaban su repudio a la actuación de la Policía. La manifestación de las etnias chiman, yuracaré y moxeña y otra veintena de pueblos originarios reclamaba que se aplicaran sus derechos constitucionales y fuera amparada su negativa a la construcción de una carretera que partirá en dos el TIPNIS.

El centro de La Paz, retumbaba hoy por la detonación de explosivos que marcan el paso de una manifestación de organizaciones sociales. La multitud cubría un recorrido de unos cinco kilómetros. Los participantes lanzaron consignas contra el Gobierno de Morales y exigían la destitución de los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Walter Delgadillo.

El Palacio de la Presidencia fue rodeado por un importante cordón policial que impedía el acceso a menos de 200 metros del edificio en la Plaza Murillo. Mientras en el también protegido Palacio Legislativo, el vicepresidente Álvaro García Linera trataba de calmar los ánimos de los 10 asambleístas indígenas del partido oficialista, Movimiento Al Socialismo (MAS), que han amenazado con sumarse a la oposición y poner en peligro los dos tercios de voto que mantiene el oficialismo.

"El malestar es tan grande que la renuncia del ministro Sacha Llorenti (ministro de Interior) no ha sido suficiente", apunta el analista Carlos Cordero, quien considera que "esta situación de crisis muy grave puede llevar a una espiral de violencia y, a que Bolivia se acerque a una coyuntura similar a octubre de 2003". Se trata de la asonada civil que derrocó al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).

Desde Cochabamba, la socióloga Maria Teresa Zegada apuntó que al conflicto del TIPNIS se ha sobrepuesto otra crisis política a raíz de la ambigüedad que el Gobierno refleja en el manejo y aplicación del discurso democrático. "Los dos últimos discursos de Morales generan mayor incertidumbre entre los bolivianos, pues no ha mostrado una clara viabilidad de solucionar el conflicto del TIPNIS". En cuanto al futuro de la carretera, éste queda postergado hasta un referendo o una consulta, aunque las obras de los dos tramos continúan trabajándose. La empresa brasileña no recibió orden de paralizar obras.

Entre la ciudadanía crece la desconfianza sobre la capacidad real que pueda tener el Gobierno para dar soluciones definitivas al conflicto indígena, así como del respeto a la Constitución, -texto que ha recogido las iniciativas de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales- y su aplicación. Morales ha quebrantado ya 35 artículos de esta Carta Magna, según un recuento periodístico.

El Gobierno espera que una comisión investigadora resuelva el enigma de las responsabilidades e identifique a quienes asumieron la decisión de intervenir y reprimir tan duramente a la columna indígena.

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