Tauromaquia: prende entre los mexicanos el ‘efecto Cataluña’

En noviembre de 2009, el diputado del PRI Cristian Vargas, conocido no precisamente por sus expresiones de sensibilidad y decoro público, presentó una iniciativa de ley ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en la que se pretende reformar la ley para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y prohibir expresamente las corridas de toros en la capital del país.

Desde entonces, la iniciativa se detuvo en comisiones para su discusión ante fuertes presiones de los empresarios taurinos, apoyados, dicen, por las autoridades perredistas de la capital. Finalmente se consiguió sacar un dictamen favorable a la decisión de prohibir la fiesta brava, pero cuando se iba a discutir en el pleno de la Asamblea el pasado martes resultó que no pudo conseguirse el quórum necesario y la discusión se pospuso para la próxima semana, entre exigencias de algunos diputados de que se haga una consulta pública antes de tomar una resolución sobre el tema.

En la encuesta de esta semana entrevistamos a habitantes de la Ciudad de México sobre si consideraban o no que deberían prohibirse las corridas de toros y para hacerlo les presentamos las diversas opiniones que se han vertido al respecto, inquiriendo si coincidían o no con ellas; al terminar la entrevista preguntamos directamente si ellos votarían a favor o en contra de la prohibición.

Lo primero que habría que destacar es que a la inmensa mayoría de los capitalinos el asunto de la tauromaquia les tiene sin cuidado: solo el 9% se reconoció muy aficionado a la fiesta brava, frente al 34% que abiertamente está en contra de las corridas de toros.

Ahora bien, si a los ciudadanos les pidieran votar directamente sobre este asunto, la modificación a la ley que quiere el diputado Vargas sin duda procedería, con un 62% a favor versus un 30% en contra (el resto no sabe cómo votaría); pero estas posiciones resultan evidentemente cambiantes dependiendo de las premisas que se pongan por delante para tomar la decisión. Me explico: si como premisa se presenta el derecho de cada quien a presenciar o no los espectáculos que quiera, la mayoría (78%) estaría en contra de la prohibición. Pero si lo que se da como antecedente es que se trata de un espectáculo violento, o se hace énfasis en el maltrato que recibe el animal, entonces una proporción similar estará a favor de su prohibición; aunque un 65% cambiaría de opinión si simplemente se implementaran algunas modificaciones que permitieran proteger un poco al toro del maltrato.

Lo que queda claro, por lo menos en opinión del 68% de las personas que entrevistamos, es que entre el sinnúmero de problemas que vivimos cotidianamente los capitalinos, este asunto de la fiesta brava resulta francamente irrelevante como para que los señores diputados dediquen tanto tiempo, dinero y esfuerzo a su discusión.

María de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia.