Encandilados

Un sentimiento de desaliento y sorpresa recorre las conversaciones chilenas en este comienzo de primavera. Después de cinco meses de protestas estudiantiles, tanto a nivel universitario como escolar, la mesa de diálogo entre los estudiantes y el Gobierno se rompió al negarse éste cerradamente a la idea de una educación superior gratuita para todos. Muy pocos días antes de volver a sentarse a la mesa, el Gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley que prometía penas de cinco años de cárceles a los estudiantes que tomen colegios o corten el tráfico. Estas dos actividades, y otras más violentas, se intensificaron a niveles nunca vistos en un conflicto donde parecía que ya lo habíamos visto todo.

El jueves 6 de octubre—a exactamente 23 años y un día del plebiscito que derrotó a Pinochet y devolvió la democracia al país—una marcha frustrada por la policía se convirtió en una batalla campal donde hasta Camila Vallejo, la icónica dirigente universitaria que ha protagonizado este movimiento, fue alcanzada por los chorros del carro lanza-aguas de la policía. Varios periodistas vieron sus cámaras destruidas y sus cuerpos arrastrados a distintas comisarías, mientras los estudiantes encapuchados se hacían con la calle. En un curioso incidente, uno de éstos salió a proteger a un coronel de Carabineros de la turba, salvándole la vida.

Lo que más preocupa es la resignación con que el Gobierno parece dispuesto a asumir su impopularidad, con que parece dispuesto también a aceptar y hasta fomentar la radicalización de las tomas y las manifestaciones

¿Qué pensar? ¿Qué decir? ¿Hacía dónde avanzar? El colegio de profesores lanzó un plebiscito por Internet enumerando las reformas que demanda, obteniendo un millón de votos a favor suyo. El presupuesto nacional que se discute esta misma semana incrementa los fondos de educación con una timidez que poco responde a las exigencias estudiantiles. Exigencias que, conforme pasa el tiempo, se van haciendo más imperativas: del fin del lucro en la educación se ha pasado a exigir gratuidad absoluta en todo el sistema de educación, además de una Asamblea Constituyente capaz de redactar una nueva Carta Magna. Las rejas de los colegios llevan cinco meses erizadas de sillas que les hacen parecer campos de cactus. Camila Vallejo lleva también cinco meses viviendo en la casa de una amiga, respondiendo a las dos de la mañana entrevistas para los más lejanos medios. Las universidades privadas, que han sido el centro del conflicto, esperan incrementar sus matrículas gracias a padres asustados que no quieren que sus hijos pierdan el año en marcha entre paros y tomas. La ministra del trabajo, Evelyn Matthei, cree que tendremos que acostumbrarnos a ver todos los jueves a los estudiantes marchando por la Alameda.

Quizás lo que más preocupa es la resignación con que el Gobierno parece dispuesto a asumir su impopularidad (el presidente bajó al 30 por ciento de aprobación en una reciente encuesta de Adimark), con que parece dispuesto también a aceptar y hasta fomentar la radicalización de las tomas y las manifestaciones, con tal de no ceder en lo que le parece esencial: la idea de que la educación es un bien de consumo que se puede subvencionar pero nunca dirigir o controlar, un credo firme e inamovible en un Gobierno que fue elegido justamente por la flexibilidad ideológica de su presidente, un hombre de derecha con un pasado democristiano que alardea de haber votado por el No a Pinochet y de querer continuar con las políticas de protección social de la presidenta Bachelet.

El Gobierno ha visto impávido despertar su más temido fantasma, el populismo pinochetista. Un reclamo por una autoridad fuerte que obligue a los estudiantes a cortarse el pelo y estudiar

Apostando, como ha apostado todo esos meses, a la exasperación de los padres ante sus hijos sin matrículas y becas para el próximo año, el Gobierno ha visto impávido despertar su más temido fantasma, el populismo pinochetista. Un reclamo por una autoridad fuerte que obligue a los estudiantes a cortarse el pelo y estudiar, que llevó al alcalde de la comuna de Providencia, ex coronel de ejército Cristian Labbé y amigo personal de Pinochet y su familia, a entrar con las fuerzas policiales a los colegios y dar por clausurado el año escolar y amenazar a los matriculados de otras comunas que estudian en Providencia, un barrio de clase media alta, a que no tendrán cupos, a pesar de que estos alumnos consiguieron sus cupos por exigentes exámenes a los colegios en cuestión. El gobierno se apresuró a lamentar estas declaraciones para luego lanzar un proyecto de ley que recogía muchas de las preocupaciones de Labbé.

Piñera parece dispuesto a ser el Gaddafi de la educación privada chilena. Dispuesto a vivir años de tormenta y dudas para conservar no solo el sistema educacional sino el político, donde una minoría de 30% puede conseguir la mitad de los escaños en el Congreso, y la gran mayoría de los chilenos no están inscritos en los registros electorales.

¿Es posible que un hombre inteligente como el presidente no vea la urgencias de unas reformas que vienen pidiendo los más diversos actores desde las más diversas trincheras? Más que ciego el presidente parece encandilado por una luz directa y fuerte que lo mantiene inmóvil. El presidente chileno, como el norteamericano, como el español, como el francés, no puede dejar de ver la ola que lo hundirá en un sin fin de espumas y preguntas. ¿Por qué no surfean sobre ella? Quizás porque temen que la ola esconda otra y, luego, otra y otra, en las que están irreversiblemente llamados a romperse el cuello.