Los kurdos participan en la reforma de la Constitución en el Parlamento turco

Tras cuatro meses de discusiones, un enfrentamiento armado en el sureste del país y semanas de bombardeos aéreos en las montañas del norte de Irak, el Partido de la Paz y la Democracia (BDP) se ha decidido a ocupar sus 35 escaños en el Parlamento turco. El BDP, única fuerza política kurda con representación en la Asamblea de Turquía, anunció, a principios de mes, el fin del boicot al Legislativo. La perspectiva de una nueva Constitución, que pueda solucionar el conflicto histórico y ponga fin a la violencia, ha pesado más que la inhabilitación de los seis diputados decidida a finales de junio por los tribunales.

"Hemos tomado esta decisión para defender la paz, apoyar a nuestros diputados y hacer realidad las promesas que hemos hecho a aquellos que confiaron en nosotros", explicó el copresidente del BDP Selahttin Demirtas al anunciar el fin del boicot parlamentario.

El nuevo curso político, que comenzó el 1 de octubre, se presenta como uno de los más trascendentales de la última década. Según lo anunciado por el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se redactará una nueva Constitución que será sometida a referéndum popular “a mediados del año que viene”. Esto deja a los partidos políticos y la sociedad civil con escasos nueve meses para buscar un consenso sobre los principios constitucionales que deben ser enmendados.

Para los kurdos, el aspecto principal es abolir el carácter étnico turco que impone la actual Constitución, específicamente el artículo 66. En él se define a los ciudadanos del país como “turcos”, lo que deja al margen a los 15 millones de kurdos, así como a otras minorías, como la griega, la armenia o circasiana. Los derechos culturales son otras de sus aspiraciones. La enseñanza del kurdo en las escuelas públicas y el uso de su idioma en los tribunales se encuentran también entre las principales reivindicaciones.

El Parlamento turco ha extendido por un año el permiso al Ejército para atacar al PKK en Irak

Pero la organización del Estado podría traer más problemas. Turquía, a pesar de tener una vez y media la extensión de España, es un país fuertemente centralizado. Su capital, Ankara, es el centro de decisión y desde ahí se pueden incluso destituir a políticos sospechosos de violar las leyes, algo muy común en las alcaldías kurdas del sureste. Muchos turcos son favorables a una ligera descentralización del país. Sin embargo, temen que abrir la mano dispare las ansias de autonomía de las regiones del sureste. Para los turcos, autorizar la creación de un Parlamento regional, como  el BDP reivindica, es una concesión inaceptable.

“La cuestión kurda es difícil de solucionar de forma que los kurdos queden satisfechos y los turcos se sientan cómodos”, afirma Mustafa Akyol, autor del libro Islam sin Extremos. “Lo que el BDP pide es demasiado para los turcos. Además está el tema del terrorismo. Desde el pasado verano mueren civiles a diario en los ataque del PKK. Esto hace que los turcos tengamos menos voluntad para dialogar. Sin duda va a ser el gran reto de la nueva Ley Fundamental”, añade.

Por su parte,  el Gobierno de Erdogan, al tiempo que tiende la mano a los políticos kurdos en el Parlamento, ha comenzado una ofensiva armada con el fin de acabar con aquellos que no se distancien del terrorismo. Este mismo mes, el Parlamento turco extendió, por un año más, el permiso al Ejército turco para realizar incursiones terrestres sobre las bases de la guerrilla separatista del  Partido de los Trabajadores del Kurdistán  (PKK) en las montañas del norte de Irak.

Mientras, dentro del país, la policía detiene cada semana a decenas de  personas acusadas de pertenecer a la Unión de Comunidades Kurdas (KCK), una organización paraguas que engloba al PKK y que busca crear un estado autónomo en el sureste del país. Sus reivindicaciones van más allá de las del BDP, ya que buscan remplazar las estructuras del Estado central, en materias como educación o justicia, por sus propias estructuras paralelas.

La operación contra el KCK empezó en junio de 2010. En menos de un año, el número de detenidos asciende a 4.168, según los políticos kurdos, entre los que se encuentran muchos alcaldes y dirigentes provinciales del BDP. La iniciativa cuenta con el apoyo de ciertos sectores kurdos, que critican que el BDP no se desligue del PKK ni de su líder, Abdulá Öcalan. Para muchos turcos, como señala Mustafá Akyol, el BDP es “claramente el brazo político del PKK”.

El BDP tampoco es un bloque uniforme. Algunos de sus miembros criticaron el boicoteo al Parlamento desde su inicio e hicieron presión para volver a los escaños. Además, el partido condenó oficialmente uno de los ataques de la guerrilla a un cuartel de la Gendarmería en el que murieron cuatro mujeres. A su vez el Gobierno se enfrenta a la disyuntiva de que si no se escucha a los kurdos y sigue llenando las cárceles de políticos nacionalistas, Turquía podría perder una oportunidad para poner fin a la lucha armada.