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La prensa iberoamericana vigila Ecuador

El juicio del presidente Rafael Correa contra el diario ‘El Universo’ por calumnias e injurias amenaza con sentar un peligroso precedente contra la libertad de expresión

Manifestación por la libertad de expresión ante la sede del partido gubernamental Alianza País, el pasado 28 de julio en Quito.
Manifestación por la libertad de expresión ante la sede del partido gubernamental Alianza País, el pasado 28 de julio en Quito. EFE

La batalla judicial del presidente Rafael Correa contra el diario El Universo, de Guayaquil, ha puesto todos los focos de la prensa iberoamericana sobre Ecuador. La demanda millonaria que el mandatario ha presentado contra el grupo mediático por calumnias e injurias se ha convertido en uno de esos hitos que marcan la historia de la libertad de expresión. El proceso, hasta ahora desfavorable para la posición del periódico, amenaza con sentar un peligroso precedente en el país andino y en el resto del continente.

La gravedad del caso ya ha propiciado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros, para buscar una salida al conflicto antes del fallo de la Corte Nacional ecuatoriana —la última instancia en el país andino—, sobre el recurso de casación presentado por el diario. “Si no encontramos justicia en Ecuador, es muy probable que insistamos ante la CIDH como paso previo para presentar nuestro caso a la Corte Interamericana”, explica Mónica Vargas Cerdán, abogada del grupo mediático. La defensa ha denunciado que se le ha negado la presentación de pruebas y que el presidente ha rechazado un intento de zanjar el asunto ejerciendo su derecho de réplica. “Nunca nos dio una explicación clara”, dice la abogada.

Correa sostiene que el exdirector de opinión de El Universo, Emilio Palacio, mancilló su honor en una tribuna en la que cuestionaba sus afirmaciones sobre lo sucedido el 30 de septiembre de 2010, el día en que los policías del principal cuartel de Quito se sublevaron contra el Gobierno. El presidente sostuvo que el levantamiento era un golpe de Estado y un compló para asesinarle. Sin embargo, la secuencia de los hechos apunta a que en la crisis hubo más improvisación que planificación. Comenzó como una protesta policial en contra de recortes salariales que acabó en una rebelión cuando Correa acudió al cuartel para imponer el orden. Su presencia, lejos de aplacar los ánimos, desencadenó un enfrentamiento a golpes y a tiros que obligó al presidente a buscar refugio en un hospital próximo al cuartel y a poner en marcha una operación de rescate por las fuerzas especiales. La crisis duró 14 horas y costó la vida a cinco personas: cuatro policías y un estudiante.

La polémica sobre lo que pasó el 30-S está tan vigente como el día después del suceso. Correa se ha aferrado a su versión del golpe de Estado y sus opositores a que el presidente se ha inventado una asonada para reforzar su poder. Las críticas a la versión oficial de los principales diarios no han hecho más que agudizar el enfrentamiento que Correa mantiene, incluso desde antes de ser elegido presidente, contra las familias y grupos de poder que para él perpetúan la corrupción y la injusticia social en Ecuador, en pos de mantener sus privilegios económicos. El juicio de Correa contra el diario de la familia Pérez, es una batalla crucial en esta vieja guerra. Y es tan personal para el presidente guayaquileño que ha demandado al diario de su ciudad como ciudadano y no como jefe de Estado.

La defensa alega que el proceso ha estado plagado de irregularidades. Desde que el primer juez que entendió en la causa fue apartado tras un enfrentamiento con los abogados de Correa, buena parte de los demás magistrados fueron interinos. Alguno incluso fue designado para el caso horas antes de que se cumpliera el plazo para emitir un dictamen sobre un proceso que acumula miles de folios. “Una de las grandes dificultades que tiene Ecuador es la disfuncionalidad de su sistema judicial; tan grave es el problema que la ciudadanía fue consultada en mayo para que aprobara la creación urgente de un Consejo de la Judicatura temporal que está encargado de ejecutar una urgente reorganización del sistema. De un sistema en profunda crisis y ante un juicio de difícil defensa y con las connotaciones que tiene, por ser planteado por el presidente contra los dueños del principal medio de comunicación, no es de sorprender que se dé un flujo de jueces. El temor a sentenciar puede ser la explicación del relevo de los jueces permanentes por temporales. En todo caso, el cambio de los jueces se dio por decisión del sistema judicial que ahora está siendo transformado”, explica Germán Espinoza, embajador en funciones de Ecuador en Madrid.

Espinoza insiste en que la demanda está justificada porque Palacio “llama al presidente de Ecuador dictador en nueve ocasiones y en dos habla de dictadura. Y al final del texto, le acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad”. Por este motivo Correa solicitó la cárcel y una reparación moral de 80 millones de dólares (57 millones de euros) a pagar entre el grupo editor, sus dueños y Palacio. El juez finalmente rebajó la cifra a la mitad, pero condenó a los dueños y al periodista a tres años de prisión. “La indemnización quebrará a El Universo como lo haría con cualquier otro diario”, dice Vargas. “Entiendo que los directivos están planeando una estrategia financiera para no entregar el diario al Gobierno y asegurar la estabilidad de los empleados. Pero no conozco los detalles”, añade.

Mientras la familia Pérez intenta salvar El Universo y Palacio se acostumbra a su vida como refugiado en EE UU, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christina Zurita se preparan para batallar judicialmente con Correa. El presidente pide 10 millones de dólares por daño moral a los autores del libro El Gran Hermano, en el que se revelan contratos millonarios que habrían suscrito empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa, hermano del mandatario, con el Estado. La investigación señala que el presidente estaba al tanto del supuesto trato de favor a su hermano.

La última asamblea de la SIP ha constatado que “en Ecuador se extingue la libertad de expresión porque en parte del periodismo y de la gente existe la autocensura al momento de informar y opinar, por temor a molestar al Gobierno y por las consecuencias legales que pueda haber”.

 

 

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