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Merkel y Sarkozy proponen un impuesto de sociedades armonizado en la zona euro

En su carta a Van Rompuy, proponen un presidente permanente para el Eurogrupo y llaman a “actuar sin dilación”. Evitan toda referencia a los eurobonos y al papel del Banco Central Europeo

Los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Barroso (centro), del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy (derecha), y de la Eurocámara, Jerzy Buzek (izquierda).
Los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Barroso (centro), del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy (derecha), y de la Eurocámara, Jerzy Buzek (izquierda).EFE

La carta prometida el lunes por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, dada a conocer el miércoles, detalla algo más la propuesta de reforma de la Unión Europea que el eje franco-alemán llevará a la cumbre de Bruselas este fin de semana. París y Berlín llaman al Consejo a tomar, “con toda urgencia y sin dilación”, las “medidas necesarias para estabilizar la zona euro y superar la crisis actual”, y proponen una “nueva unión para la estabilidad y el crecimiento” para los 17 países del euro, sin descartar a los otros diez miembros de la UE a 27. Si estas medidas no son efectivas, dijo ayer Sarkozy, Europa corre el riesgo "de explotar".

Esta nueva unión, afirman, se asentará en una “arquitectura institucional reforzada”, dirigida por un “presidente permanente” de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del euro que se reunirá “de forma regular, al menos dos veces al año”. Por debajo, se formará un “eurogrupo ministerial” que aplicará las decisiones de la cúpula y asegurará su funcionamiento ordinario.

Quizá la mayor novedad es que París y Berlín proponen un salto adelante de la zona euro según el principio de la cooperación reforzada (los acuerdos entre grupos de países): ambos apoyan la “creación de un nuevo marco jurídico común, plenamente compatible con el actual mercado interior”, que permita a los países del euro “progresar más rápidamente”. La duda es si ese rediseño, en el que Berlín y París vislumbran, de momento, “al menos a los países del euro”, podría llegar o no a desembocar en un núcleo selecto de naciones con leyes convergentes en algunos campos. La carta cita los siguientes:

  • Regulación financiera
  • Mercado de trabajo
  • Políticas de ayuda al crecimiento con un mejor uso de los fondos europeos
  • Instauración de una tasa sobre las transacciones financieras. Convergencia y armonización del impuesto de sociedades

En este asunto, Francia y otros países europeos se han quejado repetidamente de que Irlanda tiene un impuesto de sociedades de solo 12,5%, que atrae inversores frente a otros países con la tasa más elevada, como España, que se sitúa en el 30%, mientras la media en la UE es del 23,2% [vea el gráfico].

Los dirigentes conservadores parecen anticipar el malestar de las instituciones al reiterar que el pacto está “abierto a todos” y no supondrá un menoscabo de la Comisión: “Nos esforzaremos para que los Estados que tengan la voluntad y la capacidad de participar puedan hacerlo y que las instituciones europeas puedan jugar un papel importante”, enfatizan. En otro pasaje, muestran su “firme voluntad de asociar plenamente a la Comisión europea” en la nueva arquitectura, y añaden que “el Parlamento europeo y los parlamentos nacionales deberán también asociarse de manera adecuada”.

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Como se anunció a principios de la semana, las cumbres de la zona euro tendrán periodicidad mensual mientras dure la crisis; servirán para fijar “las orientaciones estratégicas de las políticas económicas y presupuestarias de la eurozona”. Este punto es una venia de Merkel a Sarkozy, quien ha vinculado muy estrechamente (incluso en el tiempo) la salida de la crisis europea con su reelección. En Francia nadie duda de que una cumbre mensual dedicada a salvar al euro será un gran escaparate electoral para el presidente-candidato.

La pareja más conocida como Merkozy justifica además la reforma en un fracaso histórico, es decir anterior a su llegada al poder: la Unión Económica y Monetaria ha evidenciado “lagunas que deben ser remediadas”, dicen, “y al lado de la moneda única necesitamos un pilar económico sólido”, “una gobernanza reforzada” para asegurar “la disciplina presupuestaria, un crecimiento más fuerte y una mayor competitividad”. Esto implica incorporar “reglas más ambiciosas y severas para los estados miembros” que ayuden a corregir las políticas económicas y presupuestarias que no están saneadas antes de que se conviertan en una amenaza para la estabilidad de la eurozona”. Esas reglas son:

  • Trasposición de las normas de equilibrio presupuestario del pacto de estabilidad y crecimiento a un nivel constitucional o equivalente, con una nueva ley que precisará “las exigencias mínimas”.
  • El Tribunal Europeo de Justicia, a petición de la Comisión o de un Estado miembro, podrá verificar si la transposición al marco nacional es adecuada.
  • Los parlamentos nacionales deberán tener en cuenta las recomendaciones adoptadas a nivel europeo.

Control de los déficits y de los presupuestos nacionales

Merkel y Sarkozy recuerdan que los déficits superiores al 3% deben ser corregidos, y que los presupuestos nacionales podrán serán examinados ex ante. Si la Comisión establece que las cuentas sobrepasan el déficit máximo, el país sería sancionado de forma automática, a menos que decida lo contrario “una mayoría calificada del Eurogrupo”.

Con tono perentorio, París y Berlín anuncian que algunas “circunstancias excepcionales” serán tomadas en cuenta a la hora de rechazar una sanción: el Estado incumplidor será obligado a firmar un pacto de “Cooperación europea para la reforma” aprobado en el Eurogrupo (por mayoría calificada a la inversa), y la Comisión podrá intervenir “con intensidad creciente en los derechos” de ese Estado.

Las sanciones y etapas que decida la Comisión deberán ser adoptadas por el Consejo, pero este podrá negarse si lo quiere así una mayoría calificada. Mayoría calificada es una de las expresiones más citadas en la carta. Las dos mayores potencias de la UE parecen hartas de que un pequeño país tenga derecho a bloquear decisiones cruciales.

Sobre el nuevo Mecanismo de estabilidad financiera, el MEDE, la entrada en vigor será en 2012, y no en 2013, como se dijo. La toma de decisiones se hará por “súper mayoría”, equivalente al 85% del capital suscrito en el Banco Central Europeo. Esa es la única referencia que la carta de cuatro folios dedica al BCE. Sobre los eurobonos, ni una palabra. Los términos “solidaridad” y “democracia” brillan también por su ausencia.

París y Berlín dejan muy claro que el caso griego fue “único y excepcional” en lo que concierne al sector privado; en otras palabras, los bancos no perderán nunca más su dinero si un Estado no puede pagar sus deudas. Y, por si quedaran dudas, “todos los demás miembros de la zona euro se reafirman en su determinación inflexible a honrar plenamente sus deudas soberanas”.

Sarkozy presumió el martes de que había arrancado a Merkel esta concesión además de las cumbres mensuales y el hecho de que el Tribunal Europeo no pueda anular los presupuestos nacionales.

La eurozona, finaliza la carta, se someterá a las prácticas del Fondo Monetario Internacional y se dotará de cláusulas de acción colectiva en sus legislaciones nacionales.

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