El número de entradas ilegales a EEUU desde México roza mínimos históricos
Las cifras contrastan con el intenso debate que mantienen los partidos Demócrata y Republicano, enfrentados por la estrategia para reformar el sistema de inmigración
El número de inmigrantes indocumentados que cruzan cada año la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado el nivel más bajo de las últimas cuatro décadas. Los datos se encuentran dentro de las estimaciones del Gobierno, que acaba de publicar los detalles de las actividades de protección de la frontera durante 2011.
El descenso de la inmigración se debe al refuerzo de la seguridad en los límites del país, la crisis económica que afecta a EE UU, el desempleo y una menor presión demográfica en México, país de origen del 90 por ciento de los inmigrantes que cruzan ilegalmente. Las cifras contrastan con el intenso debate que mantienen los partidos Demócrata y Republicano, enfrentados por la estrategia para reformar el sistema de inmigración y la posibilidad de diseñar un programa para dar la nacionalidad estadounidense a los indocumentados que llevan más tiempo en el país.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la protección de las fronteras y la gestión de entradas y salidas del país, el número de detenciones por entrada ilegal descendió a 340.252 en 2011, un 53 por ciento menos que en 2008 y la quinta parte de los arrestos en el año 2000, cuando la inmigración ilegal tocó techo. También hay un descenso importante con respecto al año pasado, cuando 447.731 personas fueron detenidas al intentar cruzar la de México a EE UU.
El número de entradas ilegales ha descendido significativamente, un 73 por ciento, en las dos últimas décadas, y no alcanzaba un nivel tan bajo desde 1971. En algunos de los puntos de entrada los cruces de sur a norte serán casi nulos, según reveló este verano el Center for American Progress en su informe “Más segura que nunca: Perspectiva sobre la Frontera de Estados Unidos y México” (PDF).
El descenso responde a la estrategia adoptada por varios presidentes norteamericanos, empezando por Bill Clinton en los años noventa y terminando con Barack Obama desde que llegara a la Casa Blanca en enero de 2009. El número de agentes de seguridad desplegados en la frontera ha aumentado desde 3.000 en 1993 hasta los 21.500 actuales. Unos 1.200 miembros de la Guardia Nacional fueron destinados por orden de Obama, acompañados de un presupuesto de 600 millones de dólares (unos 450 millones de euros) para aumentar los recursos tecnológicos -incluidos aviones no tripulados- y contribuir así a la detención de más indocumentados.
El refuerzo de los puntos de entrada más ‘populares’ hace dos décadas, en el oeste, en California, y hacia el Este, en Texas, produjo un efecto embudo que empujó a la mayoría de los inmigrantes a probar suerte en Arizona. Allí, en el año 2000, las autoridades norteamericanas detuvieron a 616.000 personas. En 2010, 212.000. Y en 2011, poco más de 129.000.
El descenso en el número de entradas, el aumento en la proporción de detenidos con respecto al número de personas que intentan entrar en el país y la política de deportaciones de Obama también ha tenido consecuencias en el número de indocumentados que viven en EE UU. Según datos del Centro Pew en 2010, la cifra ha bajado a 11 millones desde casi 12 millones en 2008, un descenso que no ha impedido que varios políticos republicanos y candidatos a las elecciones de 2012 utilicen la inmigración como un argumento político.
En 2010, varios congresistas transmitieron al presidente Obama su preocupación por la falta de seguridad en las ciudades fronterizas con México, el aumento de la violencia y la amenaza que esto supone para los ciudadanos norteamericanos y la seguridad nacional. Los políticos recuperaban así los argumentos de los años posteriores a los ataques del 11-S, cuando el temor a la entrada de terroristas provocó un aumento de los controles fronterizos, causando otro frenazo importante a la inmigración. Un informe del FBI daría la razón a la Administración Obama, declarando que las cuatro ciudades más grandes de EE UU con menor índice de criminalidad están cerca de la frontera: San Diego, en California; Phoenix, en Arizona, y El Paso y Austin en Texas.
El aumento de la seguridad y los últimos datos sobre detenciones por entrada ilegal ponen en evidencia a algunos políticos del Partido Republicano, como la congresista y candidata Michele Bachmann, que han propuesto extender el muro que separa uno y otro país hasta completar los 3169 kilómetros que comparten. Otra propuesta casi tan polémica, aunque esta vez entre los conservadores, fue la de legalizar a los indocumentados que llevan más de dos décadas en EE UU, como propuso el nuevo favorito en las filas republicanas, Newt Gingrich. Éste podría ganar nuevos apoyos gracias a la menor presión migratoria y las mejores condiciones de seguridad en la frontera.
