El Gobierno y la policía de El Salvador discrepan sobre los planes antimaras

La noticia de ayer, divulgada en radios locales y páginas web de los principales medios impresos de El Salvador, fue la de una nueva masacre ocurrida en la madrugada, en la que fueron asesinados tres miembros de una familia y uno de sus vecinos, todos residentes de un caserío de la provincia occidental de Sonsonate.

La policía investiga el suceso en el caserío El Cacao, en el municipio de Nahüilingo, donde un grupo de desconocidos y al parecer miembros de maras, mataron a tiros a la familia Jiménez y a un joven de 16 años de apellido Mejía. Aún no se conocen los motivos, pero todo apunta a un ajuste de cuentas o a una venganza por el impago de extorsiones o a la eliminación de “testigos” de procesos judiciales.

Hechos como estos, que ocurren a diario, mantienen en vilo a los salvadoreños y son los que sustentan las observaciones de los organismos internacionales que afirman que El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 66 por cada 100.000 habitantes, es decir, siete veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidemia. Esta cifra está por encima de las de naciones en guerra como Irak y Afganistán, así como de otros países con gran confictividad relacionada con el narcotráfico, como Colombia y México, según un informe de las Naciones Unidas (ONU) sobre armas y crimen organizado.

Según estudios independientes realizados por organizaciones no gubernamentales, solo se puede atribuir a los pandilleros el 13% de los crímenes.

Por su parte, el comisionado Augusto Cotto, subdirector de la Policía para la Investigación Criminal, afirma que actualmente hay registrados en El Salvador 28.130 pandilleros o miembros de maras; de estos, 9.566 están presos en cárceles y 829 en centros de internamiento de menores. El restose encuentra en libertad.

El general retirado David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, ha asegurado recientemente a la prensa local que los pandilleros en El Salvador suman 40.000 y que son los responsables del 90% de los crímenes.

Cotto no ha desmentido a su jefe, el ministro Munguía Payés, pero ha asegurado que los registros policiales revelan con certeza que, entre enero y noviembre de 2011, los pandilleros cometieron solo el 29,85% de los delitos que la policía ha investigado.

Según estudios independientes realizados por organizaciones no gubernamentales, solo se puede atribuir a los pandilleros el 13% de los crímenes.

Lo contrario “es tratar de justificar” las políticas fracasadas de “mano dura” contra las pandillas, cuando en realidad existen otros generadores de violencia como el “crimen organizado”, particularmente el narcotráfico, según sostiene Jeannette Aguilar, del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA).

También hay diferencias entre el ministro de Justicia y la policía sobre los planes que piensan desarrollar. Munguía Payés, que cuenta con el respaldo del presidente Mauricio Funes, afirma que creará una unidad especializada para el enfrentamiento directo con los pandilleros, llamada Grupo de Intervención Antipandillas (GIAP). También pretende promover un endurecimiento de las leyes y resguardar a los policías o soldados que maten a mareros en los enfrentamientos.

El comisionado Cotto, sin embargo, detalló una posición más enfocada a la prevención en los nuevos planes de lucha antipandillas, como incentivar a la población a hacer denuncias; capacitar a la sociedad contra las extorsiones; controlar a los pandilleros que regresen del extranjero a través de las deportaciones, así como fortalecer el control de las comunicaciones que los pandilleros presos mantienen con el exterior. El jefe policial recalcó además la necesidad de una mejora y fortalecimiento de los procesos de investigación.