Macri veta el apoyo a empresas porteñas recuperadas por sus trabajadores

Argentina recuerda estos días el décimo aniversario de aquellas dos semanas en las que se sucedieron cinco presidentes en medio de una de las crisis políticas, sociales y económicas más grandes de su historia, la del corralito financiero. Por aquel tiempo cerraron muchas fábricas, hoteles, restaurantes y todo tipo de empresas. Algunas de estas compañías fueron ocupadas por sus trabajadores, que se resistían a quedarse en el paro y comenzaron a usar las instalaciones para reactivarlas bajo la forma de cooperativas. Así nacieron las llamadas empresas recuperadas, un fenómeno nuevo de autogestión obrera.

La mayoría de esas compañías ha sobrevivido hasta ahora. Son 205 y emplean a 9.300 personas, según una investigación de la Universidad de Buenos Aires. Muchas de ellas todavía cargan con el problema jurídico de que aún no son dueñas de los establecimientos que ocupan. La legislación establece que los bienes de las empresas quebradas sean liquidados para que los acreedores puedan cobrar las deudas, pero, en el caso de las compañías recuperadas por los trabajadores, las provincias y la capital de Argentina han sancionado leyes que ordenan la expropiación de las instalaciones en juego para después ser transferidas a las cooperativas.

Sin embargo, algunas de estas empresas recuperadas se encuentran ahora en peligro de extinción. El alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, vetó la semana pasada una ley que extendía cinco años el plazo para que la ciudad cumpliera el trámite de expropiación. La norma había sido aprobada por unanimidad, incluso por el grupo de Macri, Propuesta Republicana (PRO). El vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEG), Eduardo Montes, advierte que este veto pone en peligro la continuidad de 26 de las 29 cooperativas de este tipo que funcionan en la capital argentina y que emplean a 1.800 personas. Montes señala que solo tres de estas empresas ya han sido expropiadas y las demás corren ahora el riesgo de que los antiguos patrones o sus acreedores se presenten en la justicia para demandar la propiedad de los bienes en disputa.

Pero no todas las empresas recuperadas están tan preocupadas. Las que están agrupadas en el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT) calculan que apenas dos de las 29 firmas porteñas están expuestas a una reclamación de los antiguos dueños o de sus acreedores. El presidente del MNFRT, Luis Alberto Caro, opina que no solo pueden respirar tranquilas las tres empresas expropiadas, sino también las 25 en las que ya se ha iniciado el proceso judicial de nacionalización. La justicia terminará determinando qué criterio jurídico prevalece, pero Caro critica el veto de Macri, porque considera que deja en peligro a dos cooperativas en las que trabajan 50 personas.

Alarmados por el impacto mayor o menor que puede tener el veto del alcalde, varios grupos de la oposición están organizándose para presentar después del receso del verano austral un nuevo proyecto de ley para resguardar a las empresas recuperadas. El PRO cuenta con 26 diputados en el Parlamento porteño y necesita 31 para contar con la mayoría absoluta. El kirchnerismo tiene 14 y el resto se reparte entre grupos atomizados de todos los colores políticos.

Macri justificó el veto a la ley de protección de las empresas recuperadas en que ya habían pasado 10 años de la crisis de 2001 y era hora de que esas cooperativas dejaran de recibir “subsidios”. En realidad, estas compañías no perciben subvenciones, sino que la norma vetada establecía que la ciudad expropiara los bienes, pero que después las cooperativas devolviesen el dinero en cuotas a lo largo de 20 años. Hasta ahora, Buenos Aires solo desembolsó el dinero para tres expropiaciones, una responsabilidad que cabe atribuir a Macri, pero también a sus antecesores, el kirchnerista Aníbal Ibarra (2000-2006) y el peronista Jorge Telerman (2006-2007).

Sin la ley, difícilmente los trabajadores organizados en cooperativas pueden comprar los bienes de la quiebra de sus empresas. Ya de por sí se enfrentan a dificultades, porque se encuentran en un limbo jurídico que les impide tomar créditos para su operación cotidiana o para renovar sus máquinas, pero han recibido subvenciones del Gobierno federal, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Macri ha declarado que prefiere usar el dinero destinado a las expropiaciones para comprar ordenadores portátiles y distribuirlos entre todos los alumnos de las escuelas públicas porteñas.