Una huelga policial deja inerme ante el crimen a San Salvador de Bahía
La violencia se desboca en la ciudad brasileña en vísperas del Carnaval El Gobierno de Dilma Roussef envía a 5.000 militares para retomar el control
Una huelga de policías y bomberos brasileños mantiene sumida en el caos a la ciudad de San Salvador de Bahía, destino del turismo internacional, en vísperas de uno de los carnavales más famosos del mundo. Solo el jueves se registraron 17 asesinatos en cinco horas, además de multiplicarse los asaltos y los secuestros relámpago.
Una de las muertes que más ha conmocionado a la ciudad fue la del músico Olodum Denilton, de 34 años, tiroteado cuando regresaba en moto a su casa.
Las autoridades locales, en manos del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT), se niegan a dialogar si se mantiene el paro. “No negociamos bajo amenaza con diez mil policías en huelga”, ha dicho el Secretario de Seguridad Pública de Bahía, Mauricio Barbosa. Sin embargo, hay contactos con varias asociaciones policiales, aunque se ha excluido a quienes originaron la huelga.
Los tribunales han declarado ilegal la huelga, con lo que los agentes se exponen a fuertes multas por día de desobediencia. El Gobierno de Dilma Rousseff ha enviado ya a 1.250 hombres de la Fuerza Nacional a la capital bahiana, y ayer tenía previsto mandar a otros 2.500, ante el temor a que sigan disparándose las muertes por la violencia descontrolada.
Los tribunales han declarado ilegal el paro
La Marina ha enviado también a 250 fusileros navales para defender la seguridad del puerto y las terminales de embarque, y la Fuerza Aérea ha designado a 400 militares para cuidar del funcionamiento de los aeropuertos públicos en todo el Estado de Bahía.
Las consecuencias de la huelga han alcanzado también a otras zonas del interior del Estado. El transporte público de la ciudad de Feira de Santana quedó ayer paralizado ante la ola de inseguridad. El comercio del municipio también amaneció cerrado. Las pocas tiendas que han abierto lo han hecho dejando una de las puertas cerradas.
El sindicato de trabajadores del transporte público amenazó ayer con paralizar sus actividades. Varios conductores de autobuses públicos fueron interceptados por los huelguistas y obligados a entregar los vehículos para hacer barricadas en el acceso al centro administrativo de Bahía, conjunto de edificios que albergan las dependencias gubernamentales y las legislativas.
La cúpula de seguridad pública se reunió ayer con representantes de cuatro asociaciones policiales para negociar una posible vuelta al trabajo. La Aspra (Asociación de Policías y Bomberos de Bahía), que había inició la huelga el martes pasado, no fue invitada a la mesa de negociaciones. El gobierno se niega a reconocerla e intenta aislarla, aunque dicha asociación ha demostrado tener mucho poder de convocatoria.
Barbosa, responsable de la Seguridad Pública ha sido tajante: “No vamos a negociar con quien desea crear un clima de terror. No podemos aceptar que policías encapuchados y armados hagan lo que están haciendo”. Interrogado sobre las condiciones para que la población pueda salir a la calle sin miedo, respondió: “La situación es sensible, y no podemos ignorarlo”. Y añadió que el Gobierno local desea restablecer “la sensación” de seguridad lo más rápidamente posible.
Hay quien asegura que detrás de este caos de San Salvador, existe también una pugna política por el poder de la importante capital bahiana ante las elecciones municipales del próximo octubre, consideradas fundamentales en todo el país como preparación de las presidenciales del 2014.
